MADRID/OVIEDO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP, Mariano Rajoy, criticó hoy duramente ante sus diputados las declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, asegurando que el Ministerio Público actúa frente a los casos de corrupción "vengan de donde vengan", ya que, a su juicio, es "un hecho objetivo" que hay un trato diferente al Partido Popular y al Partido Socialista.
Durante la reunión plenaria del Grupo Popular, Rajoy recordó estas últimas declaraciones del fiscal general del Estado y le emplazó a que "erradique la corrupción" en casos como el Ayuntamiento de Estepona, lo ocurrido en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el puerto de El Musel en Gijón o la subvención concedida a la empresa en la que trabaja la hija del ex presidente andaluz Manuel Chaves.
Según informaron a Europa Press fuentes 'populares' asistentes a este encuentro, Rajoy subrayó que las afirmaciones acerca de que hay un trato diferente por parte de la Fiscalía General del Estado es "un hecho objetivo, no un juicio de valor".
De la misma manera, el líder de la oposición señaló en su discurso que es un "hecho objetivo" que se filtran sumarios --en referencia a lo ocurrido con el caso Gürtel-- y por eso insistió en que corresponde a la Fiscalía investigarlo, indicaron las mismas fuentes consultadas.
Esta mañana, Rajoy ya incidió en esa doble vara de medir de la Fiscalía durante una entrevista en Telecinco. "Me gustaría que actuara para poder decir que el señor fiscal tiene razón. En este momento no la tiene", resumió.
JESÚS MERINO ASISTIÓ A LA REUNIÓN.
A esta cita acudió el diputado por Segovia Jesús Merino, una semana después de que el Pleno del Congreso autorizara al Tribunal Supremo a seguir investigándole por su presunta implicación en el 'caso Gürtel'.
La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, fue preguntada por la información de 'El País' acerca de que seis constructoras financiero al PP de Valencia a través de la trama Gürtel. Se remitió al auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que archivó la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a las declaraciones del PP valenciano sobre auditorias y control administrativo.
