Publicado 25/04/2016 20:31CET

Riopedre afirma que en 22 años no recibió ni una queja por irregularidades

José Luis Iglesias Riopedre, durante su declaracion en el caso Marea.
EUROPA PRESS

Explica que se contrataba con Igrafo y Pumarín porque eran las empresas que ganaban los concursos de la Consejería de Hacienda

OVIEDO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, procesado en el juicio del llamado Caso Marea, ha considero "extraño" que durante los 22 años en los que ocupó cargos en la Consejería de Educación (consejero desde 2003 a 2010) no recibió ni una sola queja de directores de centro por supuesto mobiliario comprando a Igrafo y Pumarín que nunca llegaba.

Durante su declaración este lunes en el juicio, Riopedre ha negado todas las irregularidades que se le atribuyen y ha explicado que si se contrataba la provisión de equipamientos a los centros educativos a estas empresas era porque estas siempre ocupaban los dos primeros puestos de los concursos de la Consejería de Hacienda.

"Me extraña mucho que en el mundo educativo, tan reivindicativo, cuando un material significativo llegara y se pagara a las empresas, al final no se supiera. En 22 años que yo estuve en la Consejería no se recibió ni una sola queja, ni de eso ni de que se obligara a los directores de los centros a firmar o a poner un sello. Nunca sospeché de ninguna regularidad", ha recalcado, para añadir que había "contentamiento por parte de los centros con el material que recibían". "Algo ha tenido que pasar aquí", ha añadido.

Riopedre únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado, Sergio Herrero. Ha afirmado que todos los procesados del caso, solo conoce a María Jesús Otero, a la que adjudicó un cargo en Educación por recomendación de Antonio Trevín, y a Víctor Manuel Muñiz, responsable de Igrafo, y solo "superficialmente" a Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín.

Su relación con Muñiz se debe, según Riopedre, a que la firma del empresario trabajaba mucho con la Consejería de Educación, y ha reconocido que en 2009 le pidió trabajo para su hijo "sin ofrecer nada a cambio". Ha dejado bien claro que las únicas contrataciones que firmaba como consejero de Educación eran las de obras superiores a 30.000 euros, y que la única excepción, fueron las obras de limpieza del centro de Arriondas, porque se debió a unas inundaciones. Ha recordado que la Ley de Contratación Pública faculta al consejero para realizar estas contrataciones de urgencia sin concurso público.

Su abogado ha hecho especial hincapié en las obras de instalación del sistema de calefacción geotérmica del IES de Infiesto, realizadas por Nora empresa también vinculada a Muñiz. El consejero ha explicado que conoció de esa empresa por mediación del director del Campus de Mieres, Antonio Bernardo, por relaciones de asesoramiento en materia geotérmica que había entre la firma y la Universidad.

La empresa posteriormente subcontrató en los mismos trabajos de Infiesto labores de sondeo a la empresa Geogal, del hijo de Riopedre. El consejero se ha desvinculado de la relación entre ambas empresas, que vinculó a la relación de su hijo con el sector de la Geotermia.

Ha recalcado además que tuvo que destinar muchos fondos de su patrimonio personal para ayudar a la empresa Geogal, sobremanera con la crisis del sector de la construcción.

TARJETAS DEL CORTE INGLÉS

En la jornada de este lunes también ha declarado la jefa de la Oficina de Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Paz Rodríguez Pendás, a la que la acusación popular (la Fiscalía no presente cargos) le atribuye un delito de cohecho. Se la acusa de aceptar tarjetas regalo del Corte Inglés, presuntamente pagadas por Almacenes Pumarín (APSA).

Pendás ha asegurado ante las preguntas de los abogados de la acusación que nunca tuvo ninguna capacidad de contratación de actuaciones en el Ayuntamiento de Oviedo, y que tampoco ha tenido ninguna relación con la empresa Almacenes Pumarín (APSA).

Su versión es que las señaladas tarjetas se las compró a dos compañeros de trabajo, uno de ellos Isaac Ovies, que figura también entre los procesados, y estos a su vez las compraban a Miguel Cuesta, extrabajador de APSA ya fallecido. Pendás ha explicado que es clienta habitual del Corte Inglés y que compraba esas tarjetas porque estaban rebajadas de precio.

La declaración de Pendás no estaba prevista para este lunes, pero se ha adelantado a petición suya por problemas de espalda. Tras el interrogatorio, el presidente del tribunal, Javier Domínguez, ha cuestionado el "trato especial" dispensado a la acusada, dado que en principio no tendría que asistir a las sesiones, tras su declaración, y la ha citado para estar presente en el resto de las vistas.