Riopedre afirma que el proceso de evaluación docente vinculado a la carrera profesional "sí se paralizará"

OVIEDO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, José Luis Iglesias Riopedre, expresó hoy ante los medios de comunicación tras la firma de un convenio con la Asociación Contra el Acoso Escolar (ACAE), que la decisión del Tribunal de Justicia que anula la carrera profesional de los funcionarios del Principado afecta también a educación y afirmó que se paralizará del proceso de evaluación docente.

"El futuro pasa por la negociación entre los sindicatos y la administración, este no es un tema únicamente educativo pero nos afecta y mucho", manifestó Riopedre y añadió que al desaparecer la carrera profesional conectada al proceso de evaluación, este también se paraliza.

Iglesias Riopedre expuso que al Gobierno del Principado no le queda más remedio que acatar la sentencia y que al igual que declaró la portavoz del Gobierno no se va a recurrir la sentencia porque "podría empeorar la situación".

MIGOYA LO LAMENTA POR LOS TRABAJADORES

Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, Ana Rosa Migoya, dijo hoy que lamenta el resultado de la sentencia sobre la Carrera Profesional por los trabajadores que dejarán de percibir el 'pago a cuenta'. "Lo lamento, pero hay sindicatos que prefirieron ir más a buscar las razones jurídicas en profundidad que el beneficio de los trabajadores", añadió.

"Entendíamos que era interpretable la base jurídica y siempre podría dar lugar a interpretaciones porque no era carrera estrictamente, era un pago a cuenta y tenía su soporte normativo en un acuerdo de Consejo de Gobierno y en una resolución de la entonces Consejería de Economía y Administración Pública", argumentó.

Así, ante la sentencia, Migoya comentó que "ha interpretado que no sirve y que son necesarias las leyes. Pues no hay nada más que decir, acatamos la sentencia y tenemos que hacer las leyes, pero en tanto en cuanto eso no se produzca tenemos que dejar de pagar y por tanto los beneficiarios de ese primer pago a cuenta lo van a dejar de percibir lamentablemente".

Respecto a la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas pueda intervenir si no se pone en marcha pronto la Ley de Función Pública, Migoya rehusó pronunciarse y dijo que el Principado dispone de sus propios servicios jurídicos en los que "confía" y que han planteado que "no hay porque realizar la devolución y por tanto esa es la hipótesis que maneja el Gobierno".

Así, pidió "tranquilidad a los trabajadores", quienes dejaran de percibir los pagos en el mes de julio pero "no tendrán que devolver lo percibido hasta el momento porque la sentencia no lo establece en esa dirección".

En cuanto a los tiempos para desarrollar la Ley de Función Pública, Migoya comentó que están condicionados "dependiendo de lo que el Ministerio de Educación vaya a hacer". "Si queremos resolver el problema y no dejar a ningún colectivo fuera necesitamos esas dos normas", remarcó.

Para Migoya la Ley de Función Pública solo resuelve una parte del problema, y por tanto, el Principado quiere resolver "con solvencia jurídica toda la problemática del desarrollo de la Carrera Profesional para docentes y empleados públicos de la Administración General". "Para eso hacen falta dos normas, la Ley de Función Pública Asturiana, que ya está en fase de negociación en la Mesa General, y el Estatuto Básico del Personal Docente", indicó.

Asimismo, apuntó que el consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre ya se ha dirigido al Ministerio de Educación para que "agilice la tramitación y aprobación de esa norma que regula las retribuciones de un cuerpo estatal como son los docentes". "Los docentes son cuerpos estatales sobre los que el Principado no tiene competencias para legislar en cuanto a sus retribuciones", incidió.