Sariego recurre el auto que sobresee su querella contra Pecharroman y apunta que en él hay "bastantes falsedades"

EUROPA PRESS

GIJÓN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, José Manuel Sariego, ha anunciado este jueves que ha presentado un recurso de reforma ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, y subsidiariamente de apelación ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, contra el auto en el que se dicta el sobreseimiento de la querella que interpuso junto a su esposa, Mar Zapico, contra el concejal del PP Manuel Pecharromán, al vincularles este con el caso 'Marea'.

Un auto que, según el también primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gijón, contiene "bastantes falsedades". Así lo ha indicado en rueda de prensa en el Consistorio, en la que ha mostrado su rechazo a los términos del auto y ha expresado su sentimiento "de indefensión absoluta", no tanto por los razonamientos jurídicos sino, en su opinión, porque se hacen en incursiones en el terreno de la moralidad que no puede permitir a nadie.

Sariego ha recalcado el hecho de que estas incursiones las haga precisamente la titular de este juzgado, Ana López Pandiella, que inició la investigación y comenzó la instrucción de la 'Operación Marea', las cuales considera "resbaladizas e inapropiadas", sobre todo cuando el propio auto dice que Pecharromán no tiene pruebas que respalden sus gravísimas acusaciones.

Por todo ello, ha reiterado que el Ayuntamiento de Gijón ni está ni estuvo implicado en el caso 'Marea' y ha remarcado que esta misma jueza, durante el tiempo en el que instruyó el caso, ni requirió al Consistorio gijonés documentación o información alguna respecto a esta supuesta trama de corrupción ni hizo ninguna imputación contra el Gobierno Local.

Además, ha querido dejar claro que él personalmente no intervino en ningún proceso de adjudicación "ni directa ni indirectamente" en el Ayuntamiento y ha enfatizado que su esposa no guardó relación profesional ni con el Ayuntamiento, ni la Consejería de Educación ni los colegios de Asturias. De todas formas, ha puntualizado que hubiera sido "lícito" si se le hubiera encomendado por razón de su trabajo.

Sariego ha reclamado que se sentencie sobre la legalidad e ilegalidad de los actos o los comportamientos, pero ha destacado que el auto judicial no es lugar para hacer "juicios morales carentes de todo argumento" como, según él, hace la magistrada en este caso. Asimismo, ha insistido en que lo que se dice en el auto sobre las posibles implicaciones "no se sustenta ni en datos ni pruebas".

QUERELLA POR CALUMNIAS E INJURIAS

Sariego y su mujer habían presentado contra el edil 'popular' una querella criminal por las manifestaciones hechas por este último, sobre que la 'Operación Marea' pueda tener ramificaciones en el Ayuntamiento de Gijón, al destacar la coincidencia de la esposa del edil y responsable socialista en la ciudad trabajara como comercial en Almacenes Pumarín, imputada en la supuesta trama de corrupción, al tiempo que sembraba dudas sobre la causa real de la dimisión de Riopedre y su número dos, María Jesús Otero, también imputada.

Sin embargo, la magistrada rechaza que Pecharromán haya incurrido en los delitos de calumnias e injurias y viene a sostener que el edil 'popular' manifestó lo que otros ciudadanos podrían pensar pero que no tienen medio de transmitir a la opinión pública.

De hecho, se recalca que la habitual adjudicación de contratos por parte del Ayuntamiento de Gijón a Almacenes Pumarín, en la que trabaja como comercial la mujer de Sariego, "pudiera ser legal o no, ya lo dirá en su caso el juzgado encargado de continuar la instrucción del caso, pero lo que parece ser una conclusión lógica es que a los ojos de cualquier observador imparcial y desde un punto de vista estrictamente ciudadano se puede interpretar con relativa facilidad que el hecho de la decisión de contratación con dicha empresa pudiera ser, al menor, "de muy dudosa moralidad pública".

También se hace mención a que como personas publicas, deben "soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requiere el pluralismo político".