La Sindicatura afirma que ha actuado respetando "escrupulosamente" la legalidad

OVIEDO 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas ha dicho que la tramitación del Informe de Fiscalización del Endeudamiento y Contratación de los Ayuntamientos de Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes y Cangas del Narcea siguió "escrupulosamente" todo el procedimiento establecido en las normas legales y técnicas que rigen el funcionamiento de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.

De esta forma, la Sindicatura salía al paso de las declaraciones realizadas este viernes por el diputado y concejal del Ayuntamiento de Oviedo, Jaime Reinares, quien ha acusado a la Sindicatura, al Tribunal de Cuentas y a la Federación Socialista Asturiana de fabricar argumentos para acusar al Ayuntamiento de Oviedo de irregularidades en el expediente de la expropiación de Villa Magdalena.

A través de una nota de prensa, la Sindicatura no ha hecho comentario alguno de los correos electrónicos aportados por Reinares y presuntamente intercambiados desde octubre de 2009 a octubre de 201O entre la antigua secretaria general de la Sindicatura, Rosa Zapico; el secretario general de la FSA, Javier Fernández; y el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González Soler.

"Todas las acusaciones que pongan en entredicho la obligada imparcialidad y legalidad de la actuación de la Sindicatura fueron y serán remitidas a los tribunales de justicia", han señalado desde el citado organismo fiscalizador.

INFORME "PROVISIONAL"

Recuerdan que su informe provisional fue remitido a los cinco ayuntamientos citados, para que aportasen sus respectivas alegaciones y que tras recibir y analizar las alegaciones, el equipo auditor elaboró una propuesta de informe definitivo que fue debatida por el Consejo de la Sindicatura a finales de noviembre de 2010. "El texto no fue aprobado", han señalado.

Así, "ante la existencia de indicios de responsabilidad contable, el Síndico Mayor remitió el informe completo al Tribunal de Cuentas en diciembre de 2010, con la aclaración expresa de que no había sido aprobado".

Posteriormente, en enero, "el Síndico Mayor informó por escrito a la Junta General de ambas cuestiones: que el texto no había sido aprobado y que había sido remitido al Tribunal de Cuentas", concluyen desde la Sindicatura.