La Sindicatura constata que el Sector público autonómico cumple, de forma general, las leyes de transparencia

OVIEDO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Cuentas del Principado ha constatado en su informe del 'Sector Público Autonómico del ejercicio 2018' que las entidades analizadas cumplen, de forma general, las leyes de transparencia estatal y autonómica.

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó este jueves dicho informe, siendo la primera vez que el órgano fiscalizador aprueba a la vez los informes de la Cuenta General y del resto de entidades.

Este informe analiza las 47 entidades que no forman parte de la Cuenta General: 22 empresas públicas, 14 fundaciones, 5 entes públicos, 3 cámaras de comercio, 2 entidades públicas y la Universidad de Oviedo.

Los objetivos generales de los trabajos fueron delimitar el censo a 31 de diciembre de 2018, verificar el cumplimiento en materia de rendición de cuentas a la Sindicatura, realizar un análisis de las principales magnitudes presupuestarias, económicas y patrimoniales y verificar tanto el cumplimiento de las obligaciones de información en materia contractual como la adecuación a la legalidad de la contratación realizada.

Además, como objetivo específico, la fiscalización incluye una auditoría de cumplimiento de legalidad para determinar si las entidades integrantes del resto del sector público cumplen con las leyes en materia de transparencia.

CONCLUSIONES

La Sindicatura de Cuentas extrae en este informe relativo a 2018 varias conclusiones en materia de rendición de cuentas, de contratación y de transparencia.

En materia de transparencia, la Sindicatura apunta que las entidades analizadas cumplen, de forma general, con la normativa estatal y autonómica en materia de transparencia. A este respecto, de las ocho entidades analizadas, cinco (62,5%) tienen niveles de cumplimiento superiores al 80% y sólo dos niveles inferiores al 40%.

Adicionalmente, durante el período en el que se desarrollaron los trabajos de fiscalización, la Sindicatura ha constatado una mejora generalizada en esta materia, procediendo a subsanar, modificar y/o actualizar sus respectivos portales de transparencia con las incidencias que estaban siendo detectadas.

Sobre rendición de cuentas, apunta que el 12,77% de las entidades que constituyen el resto del sector público autonómico a 31 de diciembre de 2018 (47) "no ha dado cumplimiento a su obligación de presentar sus cuentas a este órgano de control".

Se trata del Consorcio del Museo Etnográfico de Grandas de Salime; las empresas públicas Avilés, Isla de la Innovación y Sociedad Pública Desarrollo Integral de Taramundi, y las fundaciones Observatorio Económico del Deporte, la Fundación de la Sidra y el Instituto Tecnológico de Materiales (ITMA) -la Consejería de Educación y Cultura ordenó a principios de 2019 la fusión por absorción de la Fundación ITMA por la Fundación Prodintec, la modificación de sus estatutos y la extinción de la Fundación ITMA-.

En materia de contratación, un total de 21 de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General (el 44,68% del total) no ha dado cumplimiento a la Ley de Contratos del Sector Público en lo relativo a las obligaciones de información en materia contractual.

En el acuerdo marco analizado de la Universidad de Oviedo, las condiciones establecidas para la contratación no garantizan que la formalización de cada uno de los contratos basados se haga a favor de la mejor oferta.

RECOMENDACIONES

Según el órgano de control externo, el Principado de Asturias debería reformar el marco normativo en materia económica, financiera, presupuestaria y contable. Esta reforma debería incluir, dice, "una delimitación de las unidades del sector público autonómico que deberían formar parte de la Cuenta General así como la fecha de rendición de las mismas a la Sindicatura de Cuentas". "Sería, asimismo, recomendable que la fecha de rendición a este órgano de control externo fuese antes del 30 de junio del ejercicio siguiente", añade.

También ve necesaria la culminación del procedimiento de liquidación de la Sociedad Pública Desarrollo Integral de Taramundi, situación en la que lleva incursa desde el ejercicio 2013.

Además, considerando "una buena práctica" que la Universidad de Oviedo recurra a sistemas de racionalización de la contratación "como alternativa a los contratos menores", recomienda que acudiera "al sistema dinámico para la adquisición de obras, servicios y suministros de uso corriente dado que favorece la concurrencia al permitir, a diferencia de lo que ocurre en el acuerdo marco, la incorporación de nuevos licitadores al sistema".