OVIEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias considera conveniente que el Principado de Asturias aumente el control de la contratación administrativa para evitar desviaciones en los plazos y en los presupuestos de adjudicación, así como para velar por la objetividad en los criterios de adjudicación.
Así consta en el informe definitivo de la Sindicatura sobre la Cuenta General del Principado correspondiente al ejercicio 2008, consultado por Europa Press. En el capítulo de 'Conclusiones' la Sindicatura señala que los contratos de obras analizados "tienen o han tenido desviaciones en los plazos de ejecución por la imposibilidad del inicio de las obras, suspensiones temporales totales o parciales y prórrogas en el plazo de ejecución".
Señala además que en los contratos de obras, con carácter general, se constatan desviaciones e incrementos de los presupuestos de adjudicación por la existencia de modificados y certificaciones finales por exceso de medición con un incremento que se acerca al 10 por ciento del presupuesto de adjudicación.
En los contratos de obras de infraestructuras hidráulicas y de carreteras las actas de comprobación del replanteo han sido firmadas con observaciones, lo que provoca la correspondiente suspensión temporal total o parcial de las obras y la subsiguiente prórroga del plazo e incremento de los precios, añade el informe.
De hecho, en el caso de la contratación administrativa la Sindicatura de Cuentas dice que se han puesto de manifiesto "incidencias" que el órgano fiscalizador autonómico ya venía reiterado en los informes correspondientes a los ejercicios 2005,2006 y 2007.
El informe comenta que "teniendo en cuneta que la mayor parte de los proyectos de obras se realizan mediante contratación externa, se recomienda a los órganos de contratación que extremen la diligencia a fin de que tales proyectos sean adecuadamente supervisados, evitando de este modo la generalización de proyectos modificados o complementarios y certificaciones finales con incrementos cercanos al 10% del presupuesto de adjudicación". También recomienda a los órganos de contratación la "exigencia de responsabilidades" que procedan frente a los contratistas en los supuestos en que las deficiencias de los proyectos originen modificados
El informe también revela otras conclusiones, como la provisión de 22,2 millones para cubrir deudas pendientes de cobro, una estimación que el informe considera "insuficiente". El informe concluye que hay "dudas razonables" sobre la posibilidad de cobrar los saldos pendientes por el impuesto de grandes establecimientos comerciales. El total pendiente a 31 de diciembre de 2008 ascendía a 36 millones.
SESPA
Por otro lado, el informe señala que las obligaciones presupuestarias reconocidas por el Servicio de Salud del Principado (Sespa) durante 2008 están infravaloradas en 157 millones de euros, de los que 25,5 millones corresponde a gastos de personal.
La contabilidad financiera, prosigue, no tiene en cuenta el principio de devengo en el reconocimiento de gastos, lo que provoca que el gasto de farmacia recogido en el epígrafe 'Gastos de funcionamiento de servicios y prestaciones sociales' de la cuenta resultado económico patrimonial, se encuentre infravalorado en 3,3 millones.
Así, la sindicatura recomienda que en la asignación anual de créditos al Sespa, la consejería de Economía debería considerar la deuda que se va desplazando año tras año "con el fin de evitar los elevados gastos financieros derivados de los intereses de demora".
SUBVENCIONES
La Sindicatura concluye que los órganos gestores de subvenciones de concesión directa no han acreditado, con carácter general, la concurrencia que les permite recurrir a ese procedimiento.
Además, el órgano fiscalizador detecta que, en ocasiones, "no se aplican los criterios de valoración predeterminados en las bases reguladoras, en otras no se concede en función de las líneas subvencionables, o en otros no se resuelve en el plazo fijado para ello". El informe incluye entre sus recomendaciones la de mejorar el control de las subvenciones mediante, entre otras medidas, la elaboración de un plan estratégico de subvenciones y la exigencia de "mayor rigor" para acudir al procedimiento de concesión directa.
Por último, el informe señala que los trabajos de fiscalización estuvieron afectados por varias limitaciones, como el hecho de que la consejería de Economía y Hacienda no facilitase a los datos de 2009. Este obstáculo impidió el análisis de hechos que, iniciados en 2008, se desarrollasen en el ejercicio posterior. Por ejemplo, los gastos que, devengados en 2008, se imputasen a 2009.