Tomé exige el fin de los contratos con empresas que operan en territorios palestinos, como la farmacéutica Teva

   OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha registrado en la Junta General del Principado de Asturias una proposición no de ley que pide al Gobierno asturiano que resuelva de manera inmediata todos los contratos que puedan existir "con empresas, que directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegale sen territorios palestinos ocupados".

   Según ha afirmado Tomé en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, eso incluye a la farmacéutica Teva, con la que mantiene contratos el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa).

   Tomé ha acusado a Teva de ser "cómplice del genocido en Palestina" y ha dicho que el Sespa ya ha destinado aproximadamente dos millones de euros en los últimos dos años a comprarle productos.

   "No podemos permitir que ni un solo euro de dinero público se vaya a una empresa que sostiene y es cómplice de la masacre del pueblo palestino", ha asegurado.

   La iniciativa registrada por Tomé pide además implementar de manera inmediata, medidas en la contratación que "eviten que empresas que, directa o indirectamente, realicen actividades comerciales o económicas en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados puedan presentarse a las nuevas licitaciones".

   Pide además al Gobierno asturiano que inste al Gobierno de España a tomar cuantas medidas sean necesarias para que no opten a la contratación pública empresas que realicen actividades comerciales o económicas, de manera directa o indirecta, en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados, así como la rescisión de contratos con tales empresas.

    Tomé ha argumentado su posición con referencias a resoluciones internacionales que declaran ilegales los asentamientos israelíes, así como la directiva europea sobre contratación pública que permite considerar cuestiones de derechos humanos en procedimientos públicos. "La Corte Internacional de Justicia ha señalado que los estados que mantienen relaciones económicas con estos asentamientos son cómplices de su expansión", ha indicado.