Las actuaciones previstas en el plan de derribos costarán entre 18 y 23 millones de euros

Actualizado: miércoles, 8 julio 2009 19:13

Contempla medidas a través de los PGOU, la actualización del POL y la revisión del PORN de las Marismas de Santoña

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones previstas en el Plan de Derribos elaborado por el Gobierno de Cantabria costarán entre 18 y 23 millones de euros, según los cálculos que realiza el propio Ejecutivo en el documento. Estos costes en algunos casos incluyen la elaboración de nuevos planes generales de ordenación urbana o las compensaciones a los propietarios afectados.

Este documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge una relación de las sentencias de derribo por incumplimiento de las normas urbanísticas en los distintos municipios costeros, y las actuaciones que se recomienda para subsanar estas situaciones.

En total, las sentencias afectan a unas 600 viviendas en los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo y Escalante. El plan propone la legalización de unas 400, y el derribo de las urbanizaciones El Encinar de Arnuero, Cerrías 1 y 2 en Piélagos y La Llama en Argoños, si bien no fija cifras para las indemnizaciones a los afectados ni señala a quién corresponde hacerse cargo de las valoraciones económicas.

El programa plantea la actualización del Plan de Ordenación del Litoral (POL) para varios de estos casos y la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Para lograr la legalización, se proponen fórmulas como la articulación de sistemas de espacios libres adscritos a suelos urbanizables con aprovechamientos urbanísticos y compensaciones a los afectados y el desarrollo de suelos urbanizables no consolidados, a través de la tramitación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, que se encuentran en distintas fases de tramitación, salvo los casos de Argoños, que lo aprobó en 2007, o Escalante, que lo ha aprobado inicialmente.

URBANIZACIONES

Así, para la urbanización El Encinar en Arnuero se considera que el Plan General podrá proponer un sistema general de espacios libres, bien adscribiéndolo al suelo urbanizable o bien clasificándolo como suelo rústico de especial protección. Los trámites llevarían seis años y medio, y el coste se estima en 13.014.000 euros, siendo esta la mayor valoración económica del programa de actuaciones.

En Piélagos, para las urbanizaciones Entrelindes y la Unidad de Ejecución L-05 se plantea el desarrollo de suelo urbanizable o urbano no consolidado, y para las viviendas de Cerrías 1 y 2, el recurso al sistema de espacios libres adscrito a suelo urbanizable y aprovechamientos urbanísticos con compensaciones económicas a los afectados. En este municipio los costes totales ascienden a 5,1 millones de euros, y los plazos oscilan entre cinco y seis años y medio aproximadamente.

En Argoños el Plan General de Ordenación Urbana está aprobado desde marzo de 2007, e incluye a las distintas urbanizaciones afectadas por sentencias de derribo, en torno a 50, en suelos urbanos no consolidados.

Por tanto, el programa del Gobierno insta a que el Ayuntamiento compruebe que la edificación se ajuste a lo establecido o a que se apruebe un nuevo plan. La primera fórmula sólo llevaría hacerla seis meses, y la otra propuesta, algo más de cuatro años. En estos casos, también varían los costes económicos, mayores en la segunda opción.

Esta situación es común a la mayoría de las urbanizaciones de Argoños, salvo Pueblo del Mar y La Llana, que suman 169 viviendas afectadas por sentencia de derribo.

En Pueblo del Mar el problema fue que el estudio de detalle afectó a municipios colindantes, por lo que se tuvo que hacer un amojonamiento correcto de los municipios, que a su vez implica reajustes en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña.

Por tanto, es necesario modificar el PORN y después el PGOU para adaptarlo, algo que se podría hacer en dos años en el caso de Pueblo del Mar, mientras que en La Llana el plazo sería en cuatro años.

En Miengo se plantea a las dos urbanizaciones de Cuchía, que suponen 110 vivendas, que se tramiten nuevas licencias de acuerdo al plan parcial con que se cuenta, y que considera los suelos urbanizables o urbanos, algo que se podría solventar en plazos de entre seis meses y dos años, pero sin coste económico alguno.

Y en Escalante la propuesta es que el Plan General de Ordenación Urbana, en la actualidad en aprobación inicial, establezca para las 32 viviendas de la urbanización Las Torres una ordenación que las ampare. Se podría hacer en dos años, de los que ya habría un año de tramitación avanzado, y la valoración económica es de 20.000 euros.

PROGRAMA

El Gobierno señala en el documento que el Plan de Actuación "no pretende ser en modo alguno" un intento de incumplir las sentencias dictadas por los tribunales. Además, advierte que algunas de las cuestiones que se plantean en la resolución del Parlamento no ha sido posible llevarlas a buen término en su totalidad.

Así, en el caso de las indemnizaciones por responsabilidad, incide en que su "complejidad y casuística hacen imposible a día de hoy identificar y cuantificar las responsabilidades que puedan corresponder a cada uno de los implicados".

También enfatiza que las propuestas "no son cerradas" sino que el Plan "queda abierto a posibles iniciativas por parte de terceros" y a la posibilidad de redactar nuevos documentos complementarios "para completar aspectos que precisen de nuevas aportaciones".