Agudo achaca el déficit de 2006 a los "entuertos heredados de la derecha", como Astilleros del Atlántico y Cabárceno

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno cántabro, Ángel Agudo, achacó hoy el déficit registrado en las cuentas regionales el pasado año 2006 a los pagos que tuvo que hacer frente el Ejecutivo por las ayudas para la sequía, pero sobre todo para solucionar los "entuertos" que "la derecha" dejó de "herencia", como las sentencias sobre la expropiación de Astilleros del Atlántico y la propiedad de los terrenos de Cabárceno.

Agudo respondió así a preguntas de los periodistas a propósito de la información difundida ayer, después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, según la cual Cantabria y La Rioja fueron las únicas comunidades autónomas que no cumplieron el compromiso de estabilidad el pasado año.

El consejero insistió en que se trata de una situación "absolutamente coyuntural" debido a esos tres factores y recordó que el Ejecutivo cántabro cerró las cuentas de 2004 y de 2005 con sendos superávit de 70 y 120 millones de euros respectivamente. En cambio, en 2006 el déficit fue del 0,051 del Producto Interior Bruto (PIB) y, al redondearse hasta el 0,01%, se incumple el máximo permitido.

En cualquier caso, el titular de Economía descartó que la situación financiera de la región se vaya a ver afectada porque, según dijo, los pagos se han realizado con los remanentes y superávit de los ejercicios anteriores y no ha sido necesario recurrir "a ningún tipo de endeudamiento".

De los tres factores que hicieron incurrir al Gobierno cántabro en déficit en 2006, Agudo explicó que la mayor parte corresponde a la solución de los "entuertos" que la derecha dejó en "herencia". Por su parte, el suplemento de crédito para ayudas por la sequía de 2005, aprobado unánimemente por ley en el Parlamento regional, supuso un déficit de diez millones de euros.

En el caso de los terrenos de Cabárceno, son cinco millones abonados a Infoinvest, empresa de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) porque, según recordó el consejero, cuando se hizo el parque en 1989, gobernando "la derecha" en Cantabria, los terrenos no eran propiedad de la Comunidad y no lo fueron hasta el pasado año, cuando lo solucionó el actual Ejecutivo. Además, como esos cinco millones suponen una ampliación de capital para pagar la propiedad del parque, en 2007 contabilizarán como beneficios.

Y en cuanto a las sentencias en torno a la expropiación en 1991 de los terrenos de Astilleros del Atlántico, donde hoy se encuentra el aparcamiento anexo al Palacio de Festivales, Agudo explicó que la ejecución de las sentencias ha costado al Gobierno cántabro 20,4 millones de euros.

Recordó además que la pasada legislatura hubo posibilidad de cerrar un acuerdo con un pago "infinitamente inferior", pero el entonces consejero de Economía "no quiso llegar a ese acuerdo" y siguió adelante el proceso judicial, que finalmente perdió la Comunidad Autónoma.

FINANCIACIÓN ESTRUCTURADA.

Preguntado por la financiación estructurara y si también computa como deuda, el consejero recordó que eso depende de quién asume el riesgo, si es el Gobierno o una empresa privada, de ahí que la apuesta del Ejecutivo sea que en ese tipo de financiación el riesgo recaiga en el sector privado.

Agudo explicó que el Gobierno está "perfeccionando los mecanismos" de financiación estructurada en la región para evitar que compute como deuda. Para ello, se buscarán fórmulas de ingeniería financiera con operaciones y entidades de capital riesgo, con mayoría privada en su composición, para que sean los que asuman el riesgo. Según dijo, es lo que están haciendo todas las comunidades autónomas que plantean este tipo de operaciones.

En cualquier caso, añadió que la normativa europea al respecto es cambiante y, por ello, hay que ir avanzando constantemente. Lo importante, a su juicio, es que al final lo que tenga que pagar la administración pública por las dotaciones que recibe no supere la tasa de ahorro bruto anual. Esa tasa está en unos 400 millones en Cantabria y, de todo lo ejecutado la pasada legislatura a través de financiación estructurara, sólo representa doce millones, concluyó.