El alcalde de Escalante asegura que se apoyó en informes técnicos para permitir el derribo de dos casas

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Escalante, el regionalista Pedro José Jado, asegura que se apoyó en los informes técnicos municipales para aprobar en 2006 y 2007 los proyectos de reforma de dos casas inventariadas en el casco histórico del pueblo, que finalmente fueron demolidas y levantadas de nuevo con la incorporación de los elementos con más valor artístico e histórico que tenían los inmuebles derribados.

Por estos hechos, Jado está acusado de un delito de prevaricación urbanística, junto a su concejala de Cultura, María Luisa Setién; el de Obras, Pablo Ocejo; y del arquitecto municipal, Ricardo Fernández. Los cuatro declararon hoy en la vista ante el Juzgado de lo Penal número 4 de Santander.

Cada uno de ellos se enfrenta a una petición de penas de ocho años de inhabilitación por parte del Ministerio Fiscal, que insiste en que la licencia se emitió para la reforma de los edificios, pero que luego fueron demolidos y reconstruidos.

La acusación particular, ejercida por el Partido Socialista, en la oposición en este municipio, pide, de forma subsidiaria, que se considere la demolición de cada una de las casas como un delito de prevaricación y eleva la inhabilitación a 14 años para cada uno.

El alcalde, los concejales y el arquitecto municipal explicaron a la juez que los inmuebles se encontraban en un avanzado estado de deterioro. Su reforma la encuadraron en la política del Ayuntamiento de mantener la tipología del caso histórico por la presencia de casas montañesas, que se preservan en su conjunto, pero no una a una.

Jado señaló que en el Ayuntamiento, si el secretario municipal hubiera visto una ilegalidad, lo hubiera expresado con un informe o un reparo, por lo que interpretó el silencio de este funcionario como un visto bueno a la legalidad de la licencia.

El propio secretario municipal, Alfredo Velasco, que compareció como testigo de la defensa, respaldó esta tesis, incidiendo en que si no emite informe, es porque que la resolución "se ajusta a la legalidad". En este caso, la rehabilitación lo hacía "en forma y fondo".

Velasco precisó que el informe emitido por el arquitecto municipal sobre la licencia de rehabilitación, aunque mencionaba la demolición, abría la posibilidad de todo tipo de acciones para conservar los edificios.

El secretario sostuvo que la rehabilitación podía implicar la demolición, unas declaraciones que la Fiscal pidió expresamente que se recogieran en el acta y por las que el Ministerio Público le advirtió que podrían convertirle en "cooperador necesario" por asumir y defender como propio un informe que él no había realizado y que avalaba la demolición. Esta parte recordó que Velasco no fue citado a declarar en la fase de instrucción por esta causa.

(Seguirá ampliación)