Aprobada la contratación del proyecto de mejora de la CA-250 entre Santullán y el límite con Vizcaya, por 6,4 millones

SANTANDER 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado la contratación del proyecto de mejora de la carretera autonómica CA-250, entre Santullán y el límite provincial con Vizcaya, en el Puerto de las Muñecas, hasta el final de la travesía de Otañes, por un presupuesto de casi 6,4 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.

Esta actuación responde a la necesidad de mejorar la seguridad vial y la accesibilidad en una vía que presenta "deficiencias estructurales y funcionales, especialmente en zonas urbanas y de curvas de radio reducido", ha explicado el Gobierno.

Contempla la ampliación de la calzada, la creación de aceras continuas en la travesía de Otañes para garantizar el tránsito seguro de peatones y la corrección de trazados peligrosos en el tramo interurbano, encajado entre el río Mioño y zonas montañosas. También incluye mejoras en drenaje, alumbrado, señalización, mobiliario urbano y gestión ambiental.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga extraordinaria, por un máximo de 9 meses, del contrato de servicios para la atención a la vialidad invernal y otras incidencias en la Red Autonómica de Carreteras de Cantabria. La financiación prevista asciende a 250.000 euros para 2025 y 600.000 euros para 2026.

El contrato incluye actuaciones urgentes ante condiciones meteorológicas adversas, accidentes, desprendimientos y otras incidencias que afecten a la seguridad vial, así como un centro de información operativo las 24 horas.

AYUDAS JUSTICIA

Por otro lado, el Ejecutivo ha aprobado también el Decreto por el que se conceden ayudas directas a los ayuntamientos que cuentan con Oficinas de Justicia en los Municipios, en el marco de la transformación de los antiguos juzgados de paz. Ascienden a 140.500 euros, incluidos en los Presupuestos Generales de Cantabria de 2025.

La distribución se realiza en función del número de habitantes de derecho de cada municipio y los importes oscilan entre 549 euros para los de menos de 500 habitantes y más de 3.000 para los de más de 7.000.

En el caso de agrupaciones de oficinas, se aplica una fórmula de ajuste que incrementa la dotación de la sede principal en un 50% por cada oficina adicional atendida.

El objetivo principal de estas ayudas es colaborar en la financiación de los gastos de funcionamiento de estas oficinas de justicia durante este año.

OTROS ACUERDOS

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención nominativa de 74.000 euros a la Fundación San Clemente y Santa Ana para obras de reparación y conservación en su edificio histórico (prevención de humedades, sustitución de cubiertas y suelos dañados, refuerzo estructural y renovación de carpinterías y vidrieras).

El periodo de ejecución se extiende desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de julio de 2026, con posibilidad de pago hasta el 31 de agosto.

Y en lo relativo a la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, se ha aprobado la modificación del encargo a medio propio a Tragsatec para el proyecto de apoyo en la organización e incorporación documental en materia de vida silvestre para consulta de la misma.

Este proyecto tiene como objetivo principal la estandarización, digitalización y estructuración de la información sobre fauna y flora silvestre en Cantabria, con el fin de facilitar su consulta, gestión y elaboración de informes conforme a las exigencias estatales y europeas en materia de conservación de la biodiversidad.

El presupuesto total del encargo asciende a poco menos de 45.000 euros, sin incremento respecto a la cuantía inicialmente aprobada.

También se ha aprobado el proyecto de decreto por el que se regula el funcionamiento del Operativo de Vigilancia e Inspección Pesquera (OVIP) de Cantabria, que estará compuesto por funcionarios del Cuerpo de Técnicos Auxiliares del Medio Natural, Escala de Agentes de Pesca, y tendrá competencias en inspección, control y sanción de actividades pesqueras, marisqueras y acuícolas.

Se establece un régimen de jornadas ordinarias y de guardia, con disponibilidad operativa las 24 horas del día, especialmente en situaciones de emergencia, pesca ilegal o costeras nocturnas como la angula o el calamar.

Y en materia de salud, se ha aprobado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para vincular el depósito de medicamentos del Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander al Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Este acuerdo permite eximir al centro de la obligación legal de disponer de un servicio de farmacia hospitalaria propio y garantiza que el suministro, supervisión y control de los medicamentos prescritos a los residentes del CAD se realice desde el Servicio de Farmacia del hospital de referencia.

La duración del convenio será de cinco años, prorrogables por otros cinco, y contará con una comisión de seguimiento paritaria entre ambas instituciones para garantizar su correcta ejecución.

También se ha autorizado un nuevo encargo a Tragsatec para el ejercicio de las funciones de la Oficina Técnica de Seguimiento y Control de Calidad del contrato de colaboración público-privada (CPP) de Valdecilla.

Este encargo responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de reforzar el control técnico, jurídico y económico de un contrato complejo que abarca servicios no clínicos, mantenimiento de infraestructuras, equipamiento electromédico y explotaciones comerciales. La actuación tendrá una duración de un año, prorrogable, y contará con un presupuesto de unos 191.000 euros.

Por otro lado, también se ha aprobado la suscripción del convenio de colaboración con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para mejorar la atención a las personas dependientes.

Este acuerdo tiene como finalidad establecer los objetivos, medios y recursos necesarios para la aplicación de los servicios y prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Cantabria durante 2025.

La financiación del convenio asciende a un total de casi 47,8 millones, de los que casi 23,9 serán aportados por el Estado y una cantidad equivalente por la comunidad autónoma.

Entre las actuaciones previstas destacan la agilización administrativa para reducir los plazos de valoración del grado de dependencia y la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), así como la mejora de la calidad de los servicios mediante el incremento de intensidades, compatibilidades entre prestaciones, ampliación de plazas concertadas y fomento de la teleasistencia avanzada.

También se contempla la implantación de un nuevo servicio de promoción de la autonomía personal (SEPAP) y ayudas económicas para la adaptación del hogar y adquisición de ayudas técnicas.