SANTANDER, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La asociación ecologista ARCA ha presentado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento regional una propuesta para que se limite el uso de la figura del proyecto singular de interés regional (PSIR) y para que la aprobación definitiva de los planes parciales vuelva a ser responsabilidad de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
Según explicaron hoy en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de ARCA, Gonzalo Canales y José Ángel Herrera, a través de esta iniciativa, que esperan sea remitida a la Comisión de Ordenación del Territorio del Parlamento para que tome medidas al respecto, pretenden que se modifique la Ley del Suelo en lo relativo a esos dos extremos con el objetivo de "conseguir incrementar la seguridad jurídica, la transparencia y la credibilidad de la gestión urbanística".
Recordaron que el PSIR es un "instrumento urbanístico excepcional" pero lamentaron que su "uso abusivo está generando desconfianza entre los ciudadanos", en especial cuando se recurre a esta figura para "proyectos netamente especulativos como el defendido en su momento" por el Ayuntamiento de Ribamontán al Mar para construir un 'resort' con "miles de viviendas" entre Langre y Galizano, o para "los proyectos en ciernes junto a la ría de Ajo, Cuchía y Ogarrio".
Lo que propone ARCA es limitar el uso de esta figura urbanística, en concreto cuando afecta a un solo municipio y no supone por tanto una actuación supramunicipal que justifique su utilización. Según indicaron Canales y Herrera, actualmente el PSIR sirve para regular la implantación de instalaciones industriales, grandes equipamientos y servicios que deban asentarse en más de un municipio o, cuando afectando sólo a uno, "trascienda dicho ámbito por su incidencia económica, su magnitud o sus singulares características".
En cambio, desde la asociación defienden que en el caso de actuaciones en un solo municipio sólo se pueda aplicar el PSIR si se ajusta a los ámbitos y objetivos que previamente se hayan definido en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y en el Plan de Ordenación del Territorio (PROT).
Para Arca, resulta "necesario evitar cualquier tipo de sospecha alrededor de los PSIR que afectan a un solo municipio y reservarlos estrictamente para las actuaciones que por su relevancia estén recogidas en el PROT o el POL". Para el resto de actuaciones, recordaron que los ayuntamientos disponen de los mecanismos ordinarios de revisión y modificación de los planes generales de ordenación urbana.
PLANES PARCIALES.
Respecto a la aprobación de los planes parciales, la asociación apuesta por "devolver" a la CROTU la competencia exclusiva para aprobarlos definitivamente, una competencia que le fue "arrebatada" con la Ley del Suelo de 2001 y "sustituida por la redacción de un informe vinculante".
A juicio de los representantes ecologistas, "prueba del error cometido" con aquella modificación es que "el propio Gobierno de Cantabria se ha visto obligado" a recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa la aprobación definitiva del Plan Parcial del Alto del Cuco, que fue aprobada por el Ayuntamiento de Piélagos "desoyendo" el informe negativo de la CROTU.
Desde el punto de vista de ARCA, es preferible que sean los ayuntamientos los que recurran la denegación de una aprobación y no el Gobierno el que tenga que recurrir las aprobaciones, ya que si la CROTU pudiera rechazar la aprobación definitiva de planes parciales se evitaría el inicio de la construcción y los perjuicios derivados para los compradores.
Para la asociación, "el interés general está más protegido si las discrepancias de interpretación jurídica entre la CROTU y los ayuntamientos se producen sobre los planes parciales denegados, y no sobre los aprobados, como en el caso del Alto del Cuco, evitando así los graves perjuicios que se está provocando a los compradores".