Aseveran que "ni en los peores años de la democracia" ha pasado en Cantabria lo que sucede con la Consejería de Presidencia
SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras augura que la falta de definición en el proceso de trabajadores de la residencia santanderina de La Pereda, en la que tras el anuncio de cierre ya sólo quedan seis usuarios, supondrá una fuerte conflictividad jurídica.
Así lo ha advertido en rueda de prensa el coordinador del Sector Autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO., Javier González, acompañado de Carlos Meix, delegado en la Junta de Personal del Gobierno de Cantabria (representante de los funcionarios) y Carmen Ortega, delegada en el Comité de Empresa del Ejecutivo (en representación de los empleados que no son funcionarios).
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria anunció el cierre de este residencia alegando las deficiencias estructurales del edificio y razones económicos, en una decisión que implicaba también la externalización del Centro de Día de Castro Urdiales.
El proceso supuso el traslado de los usuarios a otros centros. En cuanto a los trabajadores (80 según el Gobierno), los fijos se desplazaron a otros centros (en Sierrallana, Torrelavega; Laredo y Santander), a ocupar plazas en las que trabajan interinos (eventuales).
Estos, a su vez, volvieron a las bolsas de trabajo en las que estaban, y la consecuencia ha sido, tal y como ha explicado González, que se está produciendo confusión en las prioridades a la hora de elegir centro entre los interinos que ya estaban y los que han pasado ahora a la bolsa.
Los representantes sindicales han criticado que no se tuviera en cuenta ninguna de sus propuestas, y también que las medidas no hayan llegado aún al Consejo de Gobierno ni a los 'filtros' previos por los que pasan, como los órganos de la función pública, por lo que no es posible conocer su concreción.
Así que hay empleados interinos que al irse "a la calle" ya están estudiando llevar sus casos al Juzgado de lo Social, ha adelantado Fernández, quien ha añadido que también se va a avisar de esta situación a la Inspección de Trabajo y se ha pedido un informe jurídico al Gobierno, sin recibir aún respuesta.
El representante sindical ha pedido al Gobierno que "pare este desatino" y el "caos ya montado", con situaciones como la convivencia, en algunos centros, de los trabajadores fijos desplazados con los eventuales cuya plaza debían ocupar.
González ha criticado la actitud en el proceso de la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, de cuyo departamento depende lo relacionado con los empleados públicos, y ha aseverado que "ni en los peores años de la democracia ha pasado lo que está pasando" en ese área del Gobierno.
