SANTANDER, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
Correos y Telégrafos solicita tres años de cárcel, inhabilitación para el empleo público durante seis años y una indemnización de 3.800 euros para uno de sus empleados que, sin conocimiento de la sociedad estatal, cubrió ausencias de personal y cobró las correspondientes nóminas sin notificar de ello a la persona designada por Correos para realizar estos contratos de carácter eventual, cuya firma falsificó.
El juicio con jurado por delitos de estafa y de falsedad de documentos cometidos por funcionario público se celebrará mañana, a las 10.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria.
Según el relato del abogado del Estado que representa a Correos, el acusado, JA.A.I., funcionario de esta entidad, estaba destinado como encargado de la Oficina de Pedreña desde 1980, donde trabajaba con otra empleada, que estuvo de baja durante periodos prolongados, en los que fue sustituida por la mujer del anterior.
Para cubrir las ausencias de personal, la Oficina de Pedreña tiene un listado de solicitudes de empleo eventual, en cuyo quinto lugar estaba una mujer, D.P.G.
El 12 de junio de 2000, la Jefatura Provincial de Correos extendió un contrato laboral a nombre de esta última para cubrir un puesto en Pedreña entre el 12 de junio y el 8 de julio. El contrato se remitió al acusado, como responsable de la oficina, quien lo hizo llegar a la mujer. Sin embargo, ella no hizo el trabajo, sino que lo hizo el imputado de común acuerdo con la mujer, quien recibió los salarios en cheques nominativos que endosó a favor del encargado.
Desde octubre de 2000 a noviembre de 2005, Correos extendió 12 nuevos contratos laborales de carácter eventual, de 37,5 horas semanales, a nombre de la mujer, que recibió el acusado, pero de los que no informó a la beneficiaria, cuya firma falsificó. De este modo, percibió los salarios, que además consiguió que se ingresaran directamente en su cuenta.
Correos afirma que de no haber podido ser contratada esta mujer, se hubiera llamado al siguiente candidato en la lista o acudido a las de pueblos próximos, y precisa que los funcionarios que realizan horas extraordinarias no suelen cobrar por ello o lo hacen con un complemento de productividad o una gratificación extraordinaria por importe inferior a los salarios percibidos por el acusado, por lo que considera que éste le ha ocasionado un perjuicio económico de más de 3.800 euros.
El abogado del Estado considera los hechos constitutivos de un delito de estafa cometido por funcionario público y de un delito de falsedad documental cometido por funcionario público, que subsidiariamente serían constitutivos de un delito de apropiación indebida por funcionario público y de falsificación de documentos privados.
Por su parte, el Fiscal solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al considerar que no queda acreditada la perpetración de los hechos.
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