Denuncian "vertederos ilegales" en el polígono de Riamar de Maliaño

CAMARGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un colectivo de vecinos y usuarios del entorno de Punta Parayas y Camargo ha denunciado la existencia de parcelas de aparcamiento que se han convertido en "vertederos ilegales" en el polígono industrial de Riamar de Maliaño (Camargo), "tolerados por la administración y la propiedad (bancos, sociedades en liquidación)".

En un comunicado, en el que adjunta material fotográfico, el colectivo documenta el "grave estado de abandono" del polígono, que se ubica "a escasos metros" del nuevo carril bici en el que el Ayuntamiento "tanto invierte".

"El principal problema es el riesgo real para la salud pública y el medioambiente: están proliferando los depósitos de aparatos eléctricos (neveras que emiten gases tóxicos) y neumáticos (riesgo extremo de incendio y humos tóxicos hacia el entorno de Maliaño)", advierte.

Según señala el colectivo, "aunque el Ayuntamiento debería ejecutar la limpieza de forma subsidiaria y pasar la factura a los dueños, la inacción impera por el miedo al coste burocrático, permitiendo este daño ecológico".

Así, exige una limpieza subsidiaria urgente por parte del Ayuntamiento de Camargo, la inspección del SEPRONA para sancionar el vertido de neveras (RAEE) y neumáticos en un área conectada al Sendero de los Porqués, y "transparencia respecto qué entidades financieras o propietarios están evadiendo sus obligaciones legales".

Por su parte, el Ayuntamiento ha indicado que se trata de una finca privada sobre la que existe un expediente abierto, tras una comunicación del Seprona recibida el pasado otoño.

A raíz de esa denuncia, el Consistorio inició el procedimiento administrativo correspondiente y, una vez instruido el expediente por los servicios de Urbanismo, en enero se notificó formalmente al propietario una orden de ejecución, concediéndole un plazo de diez días para proceder a la limpieza del terreno, trámite en el que se encuentra actualmente, han explicado fuentes municipales a Europa Press.

Según han señalado, este tipo de actuaciones "no pueden resolverse de forma inmediata", ya que la ley obliga a seguir una serie de pasos administrativos: notificación al titular, posibilidad de presentar alegaciones y, en caso de incumplimiento, tramitación posterior para poder acceder a la finca.

"El expediente lleva varios meses en marcha y se está gestionando conforme a los plazos y garantías legales", han aseverado. De esta forma, si la propiedad no ejecuta la limpieza dentro del plazo concedido, el Ayuntamiento actuará de forma subsidiaria, repercutiendo después los costes al propietario, con independencia del expediente sancionador que pudiera derivarse.