Aseguran que sus proyectos siguen los estándares más elevados de respeto al medio ambiente y protección de las aguas subterráneas
SANTANDER, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las empresas afectadas por la decisión del Gobierno de Cantabria de prohibir la extracción de gas natural utilizando la fracturación hidráulica lamentan que se anule lo que definen como una "oportunidad única" para la inversión y la creación de empleo en la zona.
El anteproyecto de ley aprobado por el Ejecutivo cántabro afecta a varias empresas líderes en el sector, como son Ripsa (Repsol), Shesa, BNK España, Montero Energy y Petrichor, todas ellas con permisos de investigación solicitados o concedidos por el Gobierno central o por el autonómico, siguiendo las leyes vigentes y los procedimientos establecidos por las propias administraciones.
La Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP), que agrupa entre otras, a las empresas afectadas, asegura que la tecnología permite que la fracturación hidráulica se lleve a cabo únicamente utilizando técnicas y productos "respetuosos con el medio ambiente y la protección de las aguas subterráneas".
Además se compromete a comunicar de manera "abierta y transparente" la composición de todos los productos utilizados en la extracción de gas y propone al Gobierno cántabro que, en lugar de "cerrar la puerta" a esta actividad, elabore una lista de aditivos prohibidos que no puedan ser utilizados en ningún caso.
Las empresas aseguran además que la legislación española es "una de las más garantistas del mundo", y que establece una serie de estrictos controles técnicos, administrativos y de publicidad que aportan al proceso "todas las garantías". Sin embargo, proponen incrementar aun más estos controles, si fuera necesario, y someter la aprobación de los trabajos a Estudios de Impacto Ambiental completos, en los que participen de forma abierta y directa los ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales.
ACIEP explica en un comunicado que, como titulares de esos permisos, las empresas tienen comprometidas por ley inversiones superiores a los cien millones de euros, lo que supondría la creación de "centenares de puestos de trabajo en una fase inicial, y miles de empleos a medio y largo plazo".
En este sentido, señala que en Estados Unidos, el desarrollo del gas pizarra ha permitido crear en sólo cinco años 1,7 millones de puestos de trabajo, que serán tres millones en 2020; se ha reducido el precio del gas a la mitad (datos de IHS Octubre 2012), y se han reducido las emisiones de efecto invernadero en 450 millones de toneladas (datos de la Agencia Internacional de la Energía).
