El Gobierno aprueba la Autorización Ambiental Integrada de la planta de biogás de Hazas de Cesto

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria ha aprobado esta semana la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para el proyecto de instalación de la planta de biogás de Hazas de Cesto, cuyo coste se ha elevado a más de 25 millones, más del doble que lo que se preveía inicialmente, por los condicionantes y cautelas impuestas por el Ejecutivo para poderse llevar a cabo.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Medio Ambiente, Roberto Media, a preguntas de los periodistas por la tramitación de este proyecto.

Media ha indicado que se han presentado 1.600 alegaciones, de las cuales, en su gran mayoría, han sido desestimadas.

Y es que, según ha explicado, más del 90 por ciento de las alegaciones recibidas eran "prácticamente iguales" y lo que pedían es que no se construyera la planta.

"Lógicamente, si los técnicos dicen que sí, esas se han desestimado", ha explicado Media, que ha indicado que "es un tema que no es político", sino "absolutamente técnico".

La Autorización Ambiental Integrada de esta planta se publicará "en los próximos días" en el Boletín Oficial de Cantabria, según ha indicado el consejero.

En ella, se recogen todos los controles y condiciones a los que se verá sometida la instalación, tanto durante la fase de obra como después durante su explotación. "Si no se cumplen, se procedería a precintarla como cualquier otro negocio que tiene que tener una autorización ambiental integrada", ha advertido el consejero.

El consejero ha asegurado que cuando el PP llegó al Gobierno en el verano de 2023 se encontró un proyecto "malo de solemnidad" para esta planta y que "no se podía construir" y que el anterior Ejecutivo (PRC-PSOE), con el regionalista Guillermo Blanco al frente de Medio Ambiente, había declarado de interés social.

Ya el nuevo Gobierno (PP) requirió a la empresa, que además ha cambiado de titularidad, imponer una serie de cautelas para poder ejecutar la instalación, lo que hizo que el coste se duplicara, pasando de 12 a más de 25 millones.

Ahora el proyecto prevé que toda la planta esté cerrada en su conjunto y que no se produzcan vertidos de lixiviados al río.