SANTANDER, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria destinará un millón de euros en 2013 y 2014 para ayudas a cooperativas, tanto nuevas como ya existentes. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Cristina Mazas, durante la comparecencia de este jueves en el Parlamento, donde a petición del PRC, ha informado sobre el proyecto de Ley de Cooperativas.
Mazas ha explicado que, "en dos o tres semanas", el Gobierno publicará en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), dos líneas de ayudas, una de ellas para inversiones en inmovilizado, material o inmaterial, con un presupuesto de 350.000 euros, y la segunda para gastos de funcionamiento, con una dotación de 200.000 euros.
Ya en 2014, una vez aprobada la Ley de Cooperativas de Cantabria, se pondrá en marcha una nueva línea de ayudas destinada exclusivamente a cooperativas ya existentes, para apoyarlas en la adaptación de sus estatutos al nuevo marco legal autonómico.
Para las cooperativas de nueva creación, se convocará otra orden de ayudas para bonificar el 50% del coste de su constitución. De esta forma, las nuevas cooperativas que se constituyan en Cantabria tras la aprobación de la ley regional no tendrán que asumir "ni un euro" de los gastos derivados de su constitución, ya que el 50% restante ya está bonificado a día de hoy por el Estado.
NOVEDADES
La constitución mediante escritura pública y a "coste cero" es una de las novedades del proyecto de Ley de Cooperativas de Cantabria, del que Mazas ha destacado la "flexibilidad" que introduce respecto a la normativa estatal, que data de 1999, y a la que están sujetas las sociedades cántabras de este tipo al carecer hasta ahora la región de una normativa propia.
El número mínimo de socios para constituir una cooperativa se fija en tres, con la excepción de las cooperativas de trabajo, en la que se reduce a dos. El texto fija el capital social mínimo en 3.000 euros pero permite su desembolso en cuatro años, abonando el 25% (750 euros) en el momento de la constitución.
Mazas ha señalado que se "flexibiliza" la normativa nacional en lo relativo al fondo de reserva obligatorio, cuya dotación se puede reducir a la mitad cuando llegue al cien por cien y se puede aplicar a inversiones; así como en el porcentaje de trabajadores por cuenta ajena de la cooperativa, que pueden llegar a realizar hasta el 60% del total de horas trabajadas.
Además, se crea un Consejo Cántabro de Economía Social, "sin coste" para la administración, que ejercerá funciones consultivas y de asesoramiento, pero también de conciliación y arbitraje en conflictos entre cooperativas y entre socios de una misma cooperativa.
Para la consejera, este nuevo marco legal fomentará la hasta ahora "escasa" implantación de cooperativas en Cantabria como una vía para emprender. Según la memoria justificativa que acompaña al proyecto de ley, Cantabria es la segunda provincia con menor porcentaje de cooperativas en su tejido empresarial, un 0,26% en 2011, frente al 0,68% a nivel nacional.
Mazas ha destacado que la apuesta del Gobierno de Cantabria por este tipo de sociedades vinculadas a la economía social responde también a la mayor estabilidad en el empleo que ofrecen en momentos de crisis económica.
CONSENSO
La consejera ha expresado su deseo de que la ley se apruebe por consenso, ya que "sería un mensaje positivo de cara no sólo a las cooperativas, sino al conjunto del sector empresarial" de Cantabria. Tanto el PRC como el PSOE han mostrado su disposición a colaborar en todo lo que sea posible durante el trámite parlamentario para conseguir la mejor Ley de Cooperativas.
No obstante, han recriminado a la consejera que el "consenso" que el Gobierno dice haber conseguido con el sector "no es tal", o es "menos" del que la propia Mazas y el presidente, Ignacio Diego, transmitieron cuando presentaron el proyecto de ley en el Parlamento el pasado verano.
La consejera y el portavoz del PP, Eduardo Van den Eynde, han matizado que el consenso se ha logrado en el seno del grupo de trabajo que ha redactado al proyecto de ley. Mazas ha añadido que se han recogido sugerencias de las tres asociaciones del sector y de la patronal, pero ha puntualizado que es "imposible" que todas las partes estén "de acuerdo al cien por cien" con el texto.
El portavoz del PSOE, Juan Guimerans, ha dicho que la ley es "necesaria" porque cubre "un vacío" pero ha opinado que la técnica legislativa es "un tanto dudosa", ya que "no es habitual unir en un mismo texto ley y reglamento", lo que la convierte en una norma demasiado extensa.
"Extensa y a veces incluso farragosa", ha opinado también la portavoz del PRC, Eva Bartolomé, a quien le extraña que el Gobierno de Cantabria no haya optado por el modelo que otras comunidades autónomas gobernadas por el PP han aprobado recientemente por unanimidad.
La consejera ha explicado que determinados aspectos de la ley necesitarán varios desarrollos reglamentarios. Por su parte, el portavoz popular, que ha avanzado la presentación de algunas enmiendas de carácter "menor", ha señalado que la ley "en ningún caso es más restrictiva", sino "más flexible", y ha destacado que introduce "bastante seguridad jurídica" al ser el Parlamento el único competente para modificarla.
Por último, ha destacado que la ley debe ser "muy estricta para no dejar la puerta abierta al fraude" y evitar la proliferación de empresas meramente capitalistas en el ámbito de la economía social.