El consejero de Urbanismo afirma que la valoración económica del Gobierno era superior a la que han señalado los tribunales
SANTANDER, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Urbanismo del Gobierno de Cantabria, Javier Fernández, ha asegurado este martes que entiende las "dudas" y la "ansiedad" de las familias afectadas por sentencias de derribo, pero ha reiterado que a lo largo de este año se van a ir concediendo todas las autorizaciones provisionales a las aproximadamente 400 viviendas condenadas a demolición que se consideran legalizables.
"Este año se va a legalizar todo lo legalizable; pero entiendo que hasta que no lo vean materializado no se lo van a creer" porque "han sido muchos años de sufrimiento y espera", ha afirmado el consejero, quien ha reiterado que el problema de las sentencias de derribo "se está resolviendo y quedará resuelto en esta legislatura". No obstante, ha recordado que una vez otorgadas las autorizaciones provisionales por los ayuntamientos, "serán los tribunales los que decidan".
De igual forma, ha reiterado que a las familias cuyas viviendas no sean legalizables, como es el caso de La Arena, se les ofrecerá una vivienda nueva "de similares características", que "sin duda será mejor que la que tienen", ha dicho. Quienes no acepten esta alternativa, que a juicio del consejero serán "un número muy reducido", tendrán derecho a una indemnización antes de la demolición, que será "la que fijen los tribunales", ha subrayado.
"Siempre dijimos que no íbamos a ser cicateros con las indemnizaciones, y de hecho, la valoración de los servicios técnicos del Gobierno estaba por encima" de la que han señalado los tribunales, porque "utilizaba otro criterio de valoración", pero "el Gobierno no puede indemnizar por encima de lo que dicen los tribunales porque es dinero de todos los cántabros", ha afirmado el consejero en respuesta a preguntas de los medios de comunicación.
En todo caso, Fernández ha opinado que la situación de los afectados por sentencias de derribo no es comparable a la del principio de la legislatura, cuando había familias que estaban a punto de "ser desalojadas por la Guardia Civil sin indemnizaciones fijadas". De hecho, ha destacado que la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a la mayoría de los afectados, "ya no pone el acento en la no demolición, sino en la valoración".
El consejero ha recalcado que "no es necesario" acudir a la indemnización monetaria porque hay alternativas: la legalización en los casos en que sea posible a través de los nuevos planes generales, y para los que no, el compromiso de una vivienda de sustitución.
Fernández ha recordado que para "no ser rehenes" de la aprobación de los planes generales, Cantabria se ha dotado de una nueva figura legal, la de las autorizaciones provisionales, que permitirá legalizar un número importante de viviendas hasta que se puedan dar las licencias definitivas una vez aprobados los PGOUs.
En este sentido, ha explicado que se están tramitando las autorizaciones provisionales de Miengo y San Vicente de la Barquera, antes de finalizar junio se iniciará la tramitación en Piélagos y antes de septiembre en Argoños.
La de Escalante es la primera y única aprobada de momento a nivel municipal y está en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), pendiente de dirimir cuál es la vía procesal adecuada para su tramitación.
