Ya no habrá "más intentos de legalización" y "se respetará" la decisión de los tribunales sobre las licencias
SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria prevé que "antes de que finalice marzo" estén concedidas todas las autorizaciones provisionales a las viviendas con sentencia de derribo susceptibles de ser legalizadas y, "como mucho, en mayo" tener cerrados los acuerdos de responsabilidad patrimonial con los afectados.
Así lo ha apuntado este lunes en rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, quien, además, ha señalado que, tras la concesión de las autorizaciones provisionales y una vez planteadas las licencias, no habrá por parte de "más intentos de legalización" y "se respetará" la decisión que tomen los jueces sobre cada una de ellas.
De esta forma, se demolerán las viviendas cuyas licencias no tengan el respaldo de los tribunales y la Administración o bien indemnizará económicamente a los afectados o asumirá el coste del realojo y la construcción de una vivienda similar que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de cada municipio dé por buena.
Esta es el modelo de acuerdo de responsabilidad patrimonial planteado para aquellas viviendas a las que se les conceda inicialmente la autorización provisional y la licencia sea anulada por los tribunales.
Para aquellas que ya en inicio no son susceptibles de ser legalizadas y, por tanto, no les será concedida la autorización provisional, como las 130 de La Arena (Arnuero), el acuerdo de responsabilidad patrimonial incluye el compromiso de la Administración a entregar a las familias una vivienda de "similares" características y solo cuando estén construidas estas nuevas se demolerán las anteriores, las ilegales.
Además, el acuerdo prevé que si la Administración no cumple con este compromiso se indemnizará a los afectados en la cantidad que fije un "jurado arbitral" independiente en un proceso "ágil y rápido".
También las familias de estas viviendas sin posibilidad de ser legalizadas pueden no optar por la sustitución de su vivienda por otra y solicitar ya la indemnización económica en el modo fijado por los tribunales, que es el valor de escritura actualizado con el IPC.
