SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Laredo ha confirmado el archivo de la denuncia presentada por el exconcejal del PP en la villa Ramón Arenas, por supuestos pagos irregulares de las cuotas de unos 500 afiliados del partido de cara al Congreso regional de la formación.
La magistrada Ana Cristina Pomposo ha rechazado el recurso de reforma de Arenas contra el archivo de la denuncia, según consta en un auto del 24 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press.
La jueza descarta por falta de indicios tanto el delito de usurpación de la personalidad como los de falsedad documental, coacciones sobre una persona con discapacidad o blanqueo, que alegó la defensa del exconcejal.
El auto da por presentado el recurso de apelación del exconcejal ante la Audiencia Provincial (segunda instancia), aunque al mismo tiempo, recoge el pronunciamiento de la Fiscalía y le requiere para que subsane su personación en el procedimiento, en el que "no figura como perjudicado u ofendido por ninguno de los delitos a los que se refiere, siendo por tanto precisa la presentación de querella y la prestación de fianza".
Arenas denunció ante la Guardia Civil de Laredo el 7 de marzo que se habían pagado a través de transferencias bancarias por internet las cuotas de unos 500 afiliados para que pudiesen votar en las primarias del PP cántabro, que se celebraban al día siguiente, el 8 de marzo, y que para ello se había suplantado la identidad de una persona con una "importante discapacidad intelectual", a nombre de la cual se había ordenado este pago.
La magistrada señala que aunque fueran ciertos los hechos denunciados, no serían constitutivos de un delito de usurpación del estado civil porque no se da el requisito de la permanencia.
Pero además, subraya que la supuesta víctima confirmó inicialmente la versión de Arenas, pero al día siguiente volvió con su abogada a la Guardia Civil y aseguró que "todo lo que dijo en su comparecencia no es verdad, que lo que dijo lo hizo por coacción" de Arenas, que "previamente se había presentado en su domicilio diciéndole que si no manifestaba lo que él le decía iba a tener problemas".
La jueza tampoco aprecia indicios de falsedad documental o coacciones porque, tal y como manifestó el titular de la cuenta desde la que se realizaron los pagos al PP, éstos fueron realizados con su autorización por parte de un amigo a quien cedió sus claves voluntariamente.
Además, "no consta que tenga modificada su capacidad de obrar" ni la Guardia Civil lo apreció en sus dos declaraciones. De igual forma, la magistrada señala que el delito de blanqueo de capitales exige que los bienes tengan su origen en una actividad delictiva, y "nada se dice en la denuncia del posible origen ilícito del dinero".
