Vilela recuerda que el proyecto de ley establece que deben de ser los ayuntamientos los que concedan las autorizaciones provisionales
SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
Más de 150 afectados por los derribos, según AMA, se han manifestado este domingo en Argoños para pedir una "solución real ya" y para reclamar a los ayuntamientos "que se pongan a trabajar" en los planes generales de ordenación urbana (PGOU) para que si sale adelante el proyecto de ley del Gobierno regional puedan comenzar a otorgar las autorizaciones provisionales para salvar sus casas.
En declaraciones a Europa Press tras concluir la protesta, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha opinado que el proyecto de ley en el que se está trabajando en Cantabria tras la anulación por parte del Tribunal Constitucional de la parte de la reforma de la Ley del Suelo sobre derribos "pone la pelota en el tejado de los ayuntamientos".
Aunque Vilela insiste en que, al final, la última decisión sobre la legalidad de una vivienda va a ser de los jueces, sí ha reconocido que el hecho de que sean los ayuntamientos los que tengan que dar la solución a través de la concesión de autorizaciones provisionales a aquellas viviendas que en los nuevos planes generales encontrasen acomodo les genera una "tremenda preocupación".
LOS AYUNTAMIENTOS, EN EL "SUEÑO DE LOS JUSTOS"
El presidente de AMA ha opinado que los ayuntamientos han estado "durmiendo el sueño de los justos" y algunos, como el de Argoños, un municipio con 263 viviendas con sentencia de derribo, o el de Piélagos, llevan "un retraso considerable" en la elaboración de los PGOU que permitan dar una solución.
"Su trabajo deja mucho que desear", ha afirmado el presidente de AMA en relación al Ayuntamiento de Argoños.
Según el proyecto de ley del Gobierno regional, de forma general, la autorización provisional se podrá conceder cuando los nuevos planes generales de ordenación de sus municipios estén aprobados inicialmente, sin tener que esperar a su aprobación definitiva, y sólo en aquellos casos en que este planeamiento urbanístico sea "compatible" con la existencia de la edificación ya construida.
El objetivo es que sólo se derriben aquellas edificaciones que no sean compatibles ni con el PGOU vigente ni con el que se está tramitando.
Según explicó el Ejecutivo cuando presentó el pasado 4 de mayo su propuesta, que ha sufrido algunas modificaciones, estas autorizaciones provisionales serán confirmadas una vez que el PGOU esté aprobado definitivamente y se compruebe que, finalmente, éste y la vivienda son compatibles.
EL PROYECTO DE LEY, UN "MEDIO" PARA LOS AYUNTAMIENTOS
Para Vilela, el proyecto de ley en el que está trabajando el Gobierno de Cantabria, con la colaboración de los grupos parlamentarios, es "un medio para que los ayuntamientos lo desarrollen y hagan lo que dice la ley": conceder las autorizaciones provisionales a aquellas viviendas que serían legales con los PGOU.
El presidente de AMA ha confiado en que este proyecto de ley sirva "para algo más que para pasar la pelota a los ayuntamientos" y permita una solución "real", "definitiva" y que dé seguridad jurídica a los propietarios.
Vilela ha opinado que ahora "es el momento de que todo aquel que tenga algo que decir" y proponer que lo haga para que el texto legislativo "no se quede en la crítica".
"Esto sirve para todos", ha dicho al ser cuestionado acerca de cómo ve la implicación de los grupos parlamentarios en este proyecto.
I CARAVANA DESDE ARGOÑOS HASTA EL PARLAMENTO DE CANTABRIA
Antes de la manifestación, que ha transcurrido entre la urbanización de La Llana y el Consistorio, los afectados han celebrado una reunión en la que han acordado celebrar el próximo 15 de junio la I Caravana de vehículos desde el Ayuntamiento de Argoños al Parlamento de Cantabria.
Así, recorrerán en varios vehículos toda la costa hasta Santander para mostrar "a los que tienen que tomar las decisiones en el ámbito de la Administración" la situación de las familias y reclamar a todas las instituciones, también a las judiciales, que "ponderen" el sufrimiento que se les está causando y el "agravio comparativo" con los afectados de otras comunidades autónomas a los que, a su juicio, sí se les ha dado una solución.
También aprecian un "agravio" cuando en Cantabria si se está ofreciendo una solución para la depuradora de Vuelta Ostrera y no a sus viviendas.
