Muguruza achaca a un 'malentendido' la adjudicación a Izeta de las obras del túnel de Mioño

SANTANDER, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Castro Urdiales, el ex regionalista Fernando Muguruza, ha achacado a un 'malentendido' por parte del secretario municipal la adjudicación de las obras en el túnel de Mioño y de la instalación de un ascensor en el mercado a Izeta, empresa en la que trabajaba el hermano de uno de los concejales del equipo de Gobierno.

En cualquier caso, en las Juntas de Gobierno no se conocía al detalle los destinatarios de las adjudicaciones, según ha manifestado Muguruza en su declaración ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, donde se enfrenta, junto a otras ocho personas (concejales, un empresario y funcionarios) a acusaciones de prevaricación y tráfico de influencias. Este viernes han declarado todos los acusados.

Los concejales han negado la existencia de presiones para la adjudicación de los trabajos y han insistido en que su labor en la Corporación no incluía las cuestiones relacionadas con la contratación, sino con la decisión sobre las necesidades que les hacían llegar los ciudadanos.

El concejal de Hacienda y teniente de Alcalde, el ex 'popular' José Miguel Rodríguez López 'KyK', ha contado al juez que "no recuerda" cómo se produjo la adjudicación de las obras a esta empresa concreta, de la que se enteró "por la prensa" cuando se conoció la denuncia.

Y tampoco recuerda si fue Salvador Hierro, concejal de Obras, quien propuso a Izeta para estos trabajos, extremo que sí ha mencionado el secretario municipal, también acusado, César Sáinz, que ha señalado a Hierro, concejal de Obras, como el que llevó a la Junta de Gobierno la propuesta de Izeta, aprobada por los demás ediles por asentimiento, y sin mencionar la relación de familia entre el adjudicatario y Jaime Díaz Muro.

Es un aspecto este sobre el que Hierro no ha querido contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal. El ex concejal Santiago Vélez ha relatado que la propuesta para las obras se hizo fuera del orden del día por parte de Hierro, pero ha precisado que este no dijo que fuera para Izeta ni ninguna empresa concreta.

Y ha apuntado que "se introdujo falsamente en el acta", un documento que, ha recalcado, "no redactan las concejales", que se están "comiendo el marrón", si bien ha evitado señalar directamente al secretario, como le ha preguntado la Fiscal.

UN "MALENTENDIDO"

Muguruza ha apuntado a la fórmula empleada por el secretario municipal, César Sáiz, para la redacción de la adjudicación como origen de ese malentendido.

Según ha explicado, en la Junta de Gobierno local se aprobó la adjudicación de los trabajos a Izeta, en un texto que decía, literalmente, 'adjudíquese en forma legal y dése a Izeta'.

Muguruza cree que esta forma de escribirlo pudo hacer pensar luego en otros departamentos del Ayuntamiento que había instrucciones de adjudicar la obra a Izeta y de presentarlo formalmente con aspecto legal.

"Los políticos no nos encargamos de procedimientos. Asumimos las quejas de los ciudadanos, las trasladamos e intentamos desbloquearlas", ha explicado Muguruza la forma en la que llevaban la gestión municipal del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

En la misma línea, el responsable por esas fechas de la Concejalía de Obras, Salvador Hierro, ha aclarado que como edil no tenía 'intervención' en los contratos administrativos, a los que sólo daba el 'visto bueno'. Además, ha hecho hincapié en que dada su profesión (pintor) y su formación (formación profesional) no tenía conocimientos en materia de procedimientos administrativos de contratación y en gestión municipal.

NIEGAN PRESIONES

Tanto Muguruza como Hierro, ex concejal de Obras, han negado haber recibido 'presiones' de Díaz Muro, concejal de Industria, para que que aceptara la oferta de la empresa en la que trabaja su hermano, Izeta, para esas obras.

En cualquier caso, Hierro no ha querido contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal sobre los motivos por los que votó a Izeta para la adjudicación. De hecho, sostiene que no se produjo votación en sentido estricto.

Tampoco ha querido responder a los aspectos relacionados con la existencia de otras ofertas, pero sí que ha desmentido que incluyera a otra empresa, sin actividad en ese momento, en el proceso, para 'dar apariencia de legalidad', como le planteó el Ministerio Público.

Por su parte, Díaz Muro, concejal de Industria, ha insistido en que su papel era más tomar la 'decisión' sobre una obra que atender a su 'ejecución' formal.

Juan Ignacio Díez Muro, hermano del edil de Industria e imputado junto a él en la causa, trabajaba entonces en la empresa Izeta, pero ha precisado que no se ocupaba de cuestiones relacionadas con la gestión, competencia de los propietarios de la compañía, sino que su labor se centraba en los aspectos técnicos de los proyectos.

Díez Muro ha negado que tratara tanto con su hermano el concejal como con el edil de Obras cuestiones relacionadas con este proceso.

Además, ha subrayado que no recibía comisiones ni beneficios de la empresa más allá de su propio sueldo, ha incidido en que no ha realizado inversiones inmobiliarias en Castro Urdiales salvo su vivienda, y ha remarcado que la empresa Izeta sólo construía sobre suelo urbano y que, además, experimentó un 'calvario' para poder cobrar estas obras.

Y la concejala Concepción Carranza "no recuerda nada" de este asunto concreto, pero ha explicado que como edil, siempre se apoya en informes técnicos cuando tenía dudas y tenía "confianza" en la labor de sus compañeros.

FACTURAS EN "SACOS DE PLÁSTICO"

En su declaración ante el juez, el regidor castreño ha descrito la 'inexistente cultura administrativa' y la deuda de más de 6.000 millones de las antiguas pesetas, con facturas acumuladas en 'sacos de plástico', con que se encontró a su llegada a la Alcaldía, en el año 2003, al frente de un tripartito entre su antiguo partido, el PRC, junto a PP e IU.

Fue una situación sobre la que le llamó la atención también el ex interventor, Fernando Urruticoechea, que intentó ser acusación particular en este proceso.

Muguruza le reprocha que 'denunciaba la situación, pero no hacía nada por resolverla', 'no ayudaba' y, en su opinión, era, de hecho, 'uno de los responsables de la situación' que se había 'heredado' en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Tiempo después, le retiraría parte de sus funciones como interventor.

Finalmente, el que fuera interventor en esa época, Gregorio Alcedo, que se ha incorporado tras un receso, ha explicado que sus funciones en materia de contratación se limitaban a confirmar que hubiera consignaciones presupuestarias para las obras, ha descrito la 'carga de trabajo' que había en su municipio y ha negado que tratara con el concejal de Industria --el hermano del responsable de la empresa adjudicataria-- sobre esta obra ni sobre ninguna otra.

PETICIONES

Las peticiones del Ministerio Fiscal son para el responsable de la empresa, por un delito continuado de tráfico de influencias, de un año de cárcel y al pago de una multa de 14.000 euros.

También se imputan delitos de prevaricación al secretario municipal, César Sainz; y al interventor, Gregorio Alcedo; y uno continuado de prevaricación al alcalde y al resto de ediles, puesto que intervinieron en las dos adjudicaciones.

Las peticiones para todos ellos son de inhabilitación: de siete años para el secretario, el interventor; de diez años para Salvador Hierro y para Jaime Díez Muro; y de ocho años y nueve meses para el resto de ediles (el alcalde, Rodríguez López, Carranza y Vélez).

La próxima sesión del juicio será el 5 de mayo a las 9 de la mañana.