El primer menor migrante llegará a Cantabria "probablemente" la semana que viene

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primero de los nueve menores migrantes no acompañados que llegará a Cantabria lo hará "probablemente" la semana que viene.

Así lo ha informado este jueves a preguntas de los medios de comunicación la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), quien ha anunciado que a última hora de la tarde de ayer se ha resulto el expediente de este menor procedente de Melilla.

Será acogido en uno de los "recursos que tenemos ya abiertos" dentro de la red de protección de menores de Cantabria, así como "con algunos recursos específicos" para migrantes no acompañados.

Según se ha conocido, de los nueve menores que acogerá Cantabria, seis proceden de Canarias, dos de Ceuta y uno de Melilla.

Cuestionada por las alegaciones que el Gobierno ha interpuesto a los expedientes de los menores, Gómez del Río ha explicado que con ellas el Ejecutivo quiere conocer "la información de vida" de los menores que "no se nos da", ha lamentado.

"Cuando un menor llega a una comunidad autónoma no podemos quedarnos únicamente en darle un recurso residual, en darle un techo", ha afirmado la consejera, que ha sostenido que se requiere "de unos cuidados sanitarios, una educación y un proyecto de vida".

Por ello, ha justificado que la información sobre el menor que precisa el Gobierno en sus alegaciones es para "este itinerario" y que, "realmente", haya una "adecuada" integración.

Y ha continuado explicando que para la "mejor" intervención con el menor es necesario conocer cuestiones como "si sabe el idioma, si ha estado escolarizado o cuáles son sus traumas". "Si desconocemos estos datos, difícilmente (...) vamos a poder buscar la mejor solución para integrar", ha insistido.

En referencia al Gobierno de España (PSOE-Sumar), Goméz del Río también ha criticado que "limitarse a decidir trasladar los menores al resto de comunidades autónomas" es una premisa "errónea" que "no busca protegerlos".

La consejera ha hecho estas declaraciones cuestionada por los medios en la rueda de prensa de presentación de la II Feria de los Mayores de Cantabria.

RECURSOS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la "negativa" del Estado a garantizar la acogida inmediata de un menor tutelado por la Comunidad Autónoma y solicitante de protección internacional en el Sistema Nacional de Acogida.

En un comunicado posterior a la rueda de prensa, el Ejecutivo ha informado que esta decisión responde a "la obligación de defender" los derechos de los menores bajo tutela autonómica y "asegurar" su acceso a los recursos estatales previstos para solicitantes de asilo.

La iniciativa parte de la Consejería de Inclusión Social que, tras agotar la vía administrativa mediante requerimiento formal al Estado, ha recibido una respuesta negativa el pasado 15 de julio de 2025.

Según ha detallado el Gobierno, el Servicio Jurídico de Cantabria considera "procedente" acudir a la vía judicial, en virtud de la legislación vigente, para "salvaguardar" el interés superior del menor y exigir el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de protección internacional.

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado autorizar la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743/2025 de 26 de agosto, por el que se aprueba la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas en las comunidades y ciudades autónomas.

La decisión, ha justificado, se fundamenta en el informe del Servicio Jurídico que aprecia "motivos jurídicos para impugnar la norma estatal", al considerar que se dicta en desarrollo de un Real Decreto-ley actualmente recurrido ante el Tribunal Constitucional por varias comunidades autónomas, incluida Cantabria, por posible extralimitación competencial del Estado.

Además, se señalan posibles "defectos" de tramitación que podrían afectar a la validez de la disposición impugnada.

Con esta actuación, el Gobierno de Cantabria ha afirmado que "defiende" sus competencias en materia de protección de menores y la "correcta" articulación del sistema de acogida, y "garantiza" que cualquier regulación estatal "respete el marco constitucional y estatutario", así como "los principios de cooperación y lealtad institucional entre administraciones".