Suspendido por cuarta vez el juicio contra la anciana acusada de apropiación indebida

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra la anciana acusada de apropiación indebida, previsto para hoy y mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria, se ha vuelto a suspender, por cuarta vez, debido a su estado de salud y en base al informe emitido por la forense que ha examinado esta mañana a la nonagenaria en la residencia en la que está internada en Zaragoza.

En la sesión, celebrada a puerta cerrada, la Acusación Particular ha solicitado que se archive esta causa, petición a la que se ha adherido la Fiscalía, en tanto que la Defensa se ha opuesto, toda vez que existe un procedimiento de incapacitación en trámite en un Juzgado de la localizada zaragozana de Ejea de los Caballeros, que ha informado de que la vista del juicio se celebrará en julio.

Así, la Sala ha acordado esperar hasta entonces para resolver sobre la petición de las acusaciones, al no tener elementos suficientes que permita tomar una decisión de acuerdo al artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se basa la solicitud de las Acusación Particular, y con reserva de poder ejercer acciones civiles.

Dicho artículo establece que si la demencia sobreviniera después de cometido el delito, la causa se archivará hasta que el procesado recobre la salud.

TRES AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN POR APROPIARSE DE 118.000 EUROS

La nonagenaria se enfrenta a tres años y medio de prisión solicitados por la Fiscalía, que considera que se aprovechó de su condición de tutora legal de su prima, anciana e incapacitada judicialmente, para apropiarse de un total de 118.800 euros.

El juicio se tuvo que suspender por última vez en diciembre, cuando estaba previsto que declarase por videoconferencia desde los juzgados de Ejea de los Caballeros, próximos a la residencia donde está interna, debido a su mal estado de salud.

Por esto, y por su avanzada edad, la anciana no estaba en condiciones de desplazarse, y un sobrino suyo tampoco quiso entonces arriesgarse a trasladarla y asumir posibles responsabilidades.

Además, los médicos -forense, de la residencia y de cabecera- no pudieron emitir para ese día el correspondiente parte sobre su estado de salud, por lo que la Sala decidió suspender el juicio a la espera de recibir la información y documentación solicitada para justificar esos extremos.

Esta vez, agentes de la Guardia Civil han trasladado a la anciana desde la residencia hasta el juzgado de Ejea, acompañados por el forense.

HECHOS Y PENAS SOLICITADAS

Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, la mujer -que tenía 88 años cuando sucedieron los hechos- era tutora legal de su tía anciana debido a que tenía demencia y un juzgado la incapacitó legalmente en 2003 y, prevaliéndose de la facultades atribuidas, procedió a realizar diversas disposiciones no justificadas de la cuenta de la incapacitada.

El Ministerio Público destaca que en abril de 2015 se traspasó 40.000 euros a una cuenta corriente de su titularidad para la adquisición de un piso y que puso a su nombre. Pero también en febrero de ese año realizó otras tres disposiciones por 8.500 euros en total y no justificando el destino del dinero.

La acusada tampoco ha justificado otros reintegros realizados por ventanilla entre febrero de 2011 y agosto de 2015 por 70.300 euros, que sumado a lo anterior hace un total de 118.800 euros.

Además, como residía con su tutelada, la mujer llevó a residir al piso en 2009 a un sobrino que, al igual que ella, vivía con todos los gastos costeados por la incapacitada.

El Juzgado solicitó a la mujer que rindiese cuentas de todo ese dinero retirado de la cuenta y reconoció los 40.000 euros del piso, mientras que el resto no pudo justificarlo.

Tras investigarle la Fiscalía por el delito de apropiación indebida, el cargo de tutor legal de la anciana pasó a la Fundación Marqués de Valdecilla. La mujer falleció en noviembre de 2016 dejando 13 herederos, que ejercen la acusación particular en el juicio.

Elevan la cantidad de la que se apropió hasta 156.017 euros y consideran que los hechos son un delito continuado de apropiación indebida agravada, por lo que piden seis años y un día de prisión.

El fiscal cree que es un delito continuado de apropiación indebida por el que solicita tres años y medio de prisión y reclama a la acusada que devuelva los 118.800 euros.

La mujer lo niega y asegura que cualquier decisión que tomaba se la comunicaba a los sobrinos y familiares de la incapacitada.