AMA reclama al Ejecutivo medidas para que su plan no se quede en "un simple papel más"
SANTANDER, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha instado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, a iniciar en el plazo máximo de 15 días el derribo de las 17 viviendas que conforman la urbanización Cerrias I, en Liencres.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ atiende así una petición de la asociación ecologista ARCA, que solicitaba la ejecución de la sentencia de demolición, y rechaza dejarla en suspenso a la espera de la evolución del Plan del Gobierno regional en relación a las viviendas afectadas por sentencias de derribo.
En un auto fechado el pasado 26 de noviembre y difundido hoy por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), el TSJC sostiene que el Plan del Gobierno regional "no contempla actuación válida alguna que permita la legalización" de estas viviendas y, en consecuencia, insta a la ejecución del derribo.
En concreto, la sala requiere al alcalde de Piélagos para que la demolición comience en el plazo máximo de 15 días desde que reciba la notificación del auto. Además, exige que el derribo esté culminado antes de seis meses.
De lo contrario, advierte al regidor de que podría incurrir en un delito de desobediencia y ser condenado a multas, tanto si incumple el plazo de inicio de los trabajos de derribo como si no se cumple el de finalización.
El auto recuerda que la demolición de estas 17 viviendas unifamiliares se acordó en el año 1998 en una sentencia que estimó un recurso de ARCA, un derribo que fue ratificado en el año 2002. Tras esa segunda sentencia, la asociación ecologista pidió en 2003 la ejecución del fallo.
Sin embargo, posteriormente los actuales propietarios recurrieron ante el Supremo pidiendo que se anularan las actuaciones y el caso llegó al Constitucional, donde se pedía la suspensión de la ejecución de la sentencia. Una vez rechazados los recursos, ARCA ha vuelto a solicitar la ejecución del derribo, que ahora ordena la sala.
"RESPONSABILIDAD" DE GOBIERNO Y AYUNTAMIENTO
La asociación AMA, que agrupa a afectados por sentencias de derribo, lamentó hoy esta resolución judicial, porque supone un "duro golpe y una tortura psicológica y moral" para los afectados, que, según dijo, son "personas inocentes", mientras los "responsables" son el Ayuntamiento de Piélagos y el Gobierno de Cantabria.
Además, recalcó que si hay un plan de actuación del Gobierno regional se debería saber cuál es su validez legal, a quién afecta y qué consecuencias tiene en los distintos procesos y para las familias.
Por ello, la asociación instó al Ejecutivo a dar "los pasos necesarios" para que el plan "no se quede en un simple papel más". También pidió que el Gobierno impulse las medidas del plan "en tiempo y forma" y "ejerza su responsabilidad". Al mismo tiempo, instó al Parlamento regional a dotar al plan de actuación del rango normativo necesario para su cumplimiento.
En cuanto al Ayuntamiento de Piélagos, AMA reclamó que trabaje en la búsqueda de soluciones y eso, a su juicio, empieza por el "reconocimiento de sus propias responsabilidades" y por aportar a las instituciones y a la justicia medidas legalizadoras, si es que las tiene. Por último, la asociación solicitó a la justicia "su amparo y tutela efectiva para las familias".
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