CIUDAD REAL, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Ciudad Real, a través del fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, ha decidido archivar las diligencias de investigación preprocesales abiertas por el caso del edificio conocido como el "Quesito", en el que varios cargos del PP accedieron a pisos que tenían una protección no contemplada en la legislación.
En un comunicado, la Fiscalía entiende que los hechos denunciados en su día por el Grupo Municipal Socialista "no son constitutivos de infracción penal".
Los hechos se remontan a la pasada legislatura, cuando el Ayuntamiento presidido por Francisco Gil-Ortega, del PP, acordó otorgar a este edificio, levantado sobre terreno del Consistorio una llamada "protección municipal", que implicaba que el precio de las casas no debería superar cierta cantidad de dinero, según las dimensiones de cada piso.
En estos requisitos, por otro lado, no se contemplaba que los adquirientes pudieran contar con otra vivienda o los ingresos que percibían.
Varios de esos pisos fueron comprados por cargos del PP, entre ellos el anterior alcalde, el que fuera concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, la actual alcaldesa, Rosa Romero, y la diputada nacional Carmen Quintanilla, así como familiares de algunos de ellos.
El PSOE, por su parte, consideró que la figura de "protección municipal" no era legal y denunció el caso, que estalló durante la pasada campaña electoral municipal, llegando a aportar datos sobre las importantes plusvalías que habían obtenido alguno de los compradores que vendieron sus casas a los pocos meses.
