CIUDAD REAL, 1 Sep. 12 (EUROPA PRESS)
Los responsables de varias asociaciones de inmigrantes y ONG que trabajan con ellos en la provincia de Ciudad Real ha asegurado que la no asistencia sanitaria a sin papeles "es una desprotección más de las muchas que ya sufren los inmigrantes y que dificulta su subsistencia".
"Los inmigrantes irregulares no están así por gusto, sino por la coyuntura actual, ya que han perdido sus trabajos y les ha caducado la tarjeta de residencia, han indicado a Europa Press, al tiempo que han señalado que "no se les puede castigar por eso".
En respuesta a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien desde Valladolid ha reiterado esta semana que, desde hoy, la persona inmigrante en situación irregular tendrá que pagar por acceder al sistema sanitario, ha dicho que "la Declaración de los Derechos Humanos recoge que todo el mundo debe tener acceso a una salud digna y no se puede vulnerar quitando el acceso universal a la sanidad".
"Es una medida, hasta cierto punto, injusta porque todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos en materia sanitaria y no diferenciarse por nuestra procedencia, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de las personas inmigrantes en situación irregular en la provincia lo están por la crisis, porque han perdido sus trabajos, algo que le puede pasar a cualquiera", ha argumentado.
Para el presidente de la Asociación de Peruanos Residentes en Ciudad Real (APECIRE), Jesús Antonio Caballero, se trata de "la pescadilla que se muerde la cola". Así ha considerado que, "independientemente de las ideas políticas que tenga cada uno", se debería solicitar la derogación de una ley "que va a afectar también a muchas familias, tanto de Ciudad Real como de Castilla-La Mancha, que están compuestas por un español y un inmigrante y que no están casados sino que son pareja".
Y entre los argumentos con los que ha justificado que esta medida no es justa, ha recordado que habría que diferenciar entre el denominado "turismo sanitario" y la sanidad para quienes están residiendo en el país pero no están en situación regular.
"Durante años, distintos gobiernos han permitido que muchos extranjeros se aprovecharan de la flexibilidad del sistema sanitario español y vinieran al país sólo para acceder a este servicio. Es contra esa actitud contra la que se debe luchar, y no quitarle la sanidad al residente extranjero que no tiene tarjeta sanitaria", ha argumentado.
DESCABELLADO
Caballero, que ha considerado "descabellado" que ahora se quiera cobrar una cuota de 710 euros para acceder a la sanidad a personas "que no tienen ni para comer", ha explicado que esta medida conllevará efectos perjudiciales como que se colapsen las urgencias "porque el que esté enfermo y no tenga para pagar, a algún sitio tendrá que acudir".
En términos similares se ha pronunciado el educador la asociación Horuelo de Daimiel quien ha dicho que, aunque aún no afecta directamente a las personas inmigrantes con las que trabajan porque son menores, en el futuro, cuando abandonen la vivienda tutelada y si no encuentran un trabajo, se verán en la misma situación.
"Esta medida del Gobierno se suma a la desprotección que los inmigrantes en situación irregular ya tienen para subsistir, acceder a una vivienda, a un trabajo... Va a agravar su situación y, aunque saben lo que les espera a partir del 1 de septiembre, no saben cómo van a poder salir adelante", ha argumentado.
DERECHO A UNA SANIDAD DIGNA
Por su parte, la presidenta provincial de Cruz Roja, Lola Moreno, ha señalado que, aproximadamente, por su organización pasan al año cerca de medio millar de inmigrantes en situación irregular que se verán afectados por esta medida, por lo que ha reivindicado el derecho a una salud digna que se recoge en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Moreno ha considerado que la aplicación de esta ley supone un ataque contra los que "ya de por sí se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, de forma que quedarán excluidos. Por eso desde Cruz Roja abogamos porque se vuelva a asegurar de nuevo la sanidad para todas las personas, independientemente de su situación legal en el país".
