TOLEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Autonómico de Veterinarios de Castilla-La Mancha considera una "aberración" la reciente decisión del Consejo de Ministros de suprimir el certificado veterinario ya que no se ha realizado la "obligada consulta" a los profesionales y se ha hecho "juez y parte" a los ganaderos en este asunto que atañe a la salud pública.
Así lo aseguró, en declaraciones a Europa Press, el presidente del Consejo castellano-manchego, Luis Alberto García Alía, quien anunció que éste, a través del órgano nacional, adoptará todas las medidas oportunas, "entre las que se incluyen acciones judiciales", para advertir de los riesgos que esta eliminación puede suponer para la seguridad de la cadena alimentaria.
García Alía recordó que dicho certificado se estableció en el año 2000, dentro del Programa Integral coordinado de vigilancia y control de las encelopatías espongiformes trasmisibles de los animales, para aumentar el control en esa cadena.
En este sentido, el presidente del Consejo Autonómico de Veterinarios de la región puntualizó que ese certificado incluía una lista de enfermedades bovinas, ovinas y caprinas, además de esas encelopatías transmisibles, y recogía si se habían respetado o no los plazos de espera prescritos para los tratamientos autorizados.
De hecho, según el Consejo, la introducción de ese certificado, hace ya siete años, se hizo para establecer un mecanismo de doble control de los rumiantes que se sacrifican en el matadero, algo que ahora se elimina al suprimir este documento y que se deja en manos de los ganaderos.
A juicio de Alía, los ganaderos no pueden llevar a cabo esa determinación puesto que se les ha hecho "juez y parte" puesto que, a partir de ahora, tendrán que comunicar ellos mismos, a la hora de enviar a sus animales a un matadero, si han sufrido o no alguna de esas enfermedades.
UNA ELIMINACIÓN "INOPORTUNA".
Por otra parte, García Alía calificó de "inoportuno" el momento en que se ha llevado a cabo esta eliminación, puesto que esa supresión no ha estado acompañada de una alternativa que supla el papel que desempeñaba el certificado, puesto que las medidas contempladas en el Reglamento Europeo 858 que recoge la información de la cadena alimentaria todavía no se han desarrollado.
Asimismo, el presidente del Consejo recordó que en los últimos meses se ha hablado de que la encelopatía espongiforme bovina, vulgarmente conocida como enfermedad de las vacas locas, es "irrelevante" en el país, cuando "el pasado año, España fue el segundo que más casos registró, en concreto 68, detrás de Reino Unido, además de ser uno de los países con más prevalencia de la enfermedad en Europa".
Finalmente, García Alía apuntó que "llama la atención" que esta acción se tome después de que el Tribunal Europeo de Luxemburgo haya condenado a la Comisión Europea por una medida de flexibilización en relación con ese tipo de enfermedades en ganado ovino y caprino para salvaguardar la seguridad alimentaria.