TOLEDO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios rechaza de "forma rotunda" la aprobación de la Ley de Medidas Complementarias del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, al considerarla "perjudicial para los intereses de los trabajadores y fruto de la falta de negociación con los representantes de los empleados públicos". Además, considera que "frenará el desarrollo económico y el empleo".
CSI.F critica esta "nueva agresión a los empleados públicos" de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y califica la Ley de profundamente "injusta y perniciosa para las más de 70.000 familias en Castilla-La Mancha que vienen sufriendo en los últimos años y meses diferentes congelaciones y reducciones salariales".
El sindicato critica la "escalada de los recortes salariales y laborales" recogidos en la Ley que se ha aprobado hoy desde su anuncio por Cospedal hasta su tramitación en las Cortes castellano-manchegas. Del mismo modo, lamenta las modificaciones que ha sufrido el texto facilitado en su día a las organizaciones sindicales.
Para el sindicato mayoritario en la Función Pública, esta Ley perjudica tanto a funcionarios como a laborales y a estatutarios, a la vez que empeora las condiciones para ofrecer un servicio público de calidad, algo que CSI.F no puede admitir por sentirse comprometido con lo público en todos los sectores y especialmente con la sanidad, la educación y los servicios asistenciales.
Además, advierte que su aplicación frenará el desarrollo económico y el empleo, así como el consumo y la inversión, y avisa que seguirá mostrando "en todos los foros su oposición frontal" a estas medidas y exigirá políticas que terminen con los recortes y abran una vía para la recuperación inmediata del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Desde CSI.F aseguran que ya han presentado una serie de propuestas viables y efectivas para mejorar la situación de los empleados públicos que afectan a la temporalidad de las medidas, a la ineficacia del incremento horario y a la cobertura inmediata de bajas y vacantes en servicios claves para la sociedad como son los sanitarios, asistenciales y educativos.
El sindicato insiste en señalar que los empleados públicos "no son responsables de una crisis que han creado los políticos, los banqueros y los grandes empresarios, en una vorágine de corrupción y despilfarro generalizado".
"Exigimos, por tanto, que paguen los culpables y sean ellos los que asuman las responsabilidades políticas y penales que correspondan", sentencian.
