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CIUDAD REAL, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El sindicato CSI.F ha denunciado la utilización de la figura del "colaborador social" para cubrir puestos de trabajo a bajo coste en la provincia de Ciudad Real, y señala que el Tribunal Supremo prohíbe la contratación de colaboradores sociales cuando desempeñen tareas habituales en las Administraciones Públicas.
En este sentido, el sindicato ha informado en nota de prensa que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia notificada la semana pasada, dictamina que "las tareas normales y permanentes de la Administración Pública no tienen carácter de temporal y, por tanto, no pueden cubrirse temporalmente a través de la figura del colaborador social".
Este hecho, según indica CSI.F, "pone en entredicho algunos servicios como la Confederación Hidrográfica del Guadiana cuya contratación de colaboradores sociales alcanza el 30 por ciento de la plantilla total entre funcionarios y laborales".
"Desde CSI.F entendemos que no se puede abusar de las paupérrimas condiciones de estos contratos para sacar adelante el trabajo cotidiano y exclusivo de empleados públicos de la Administración Central del Estado", ha manifestado.
En este sentido, indica que estas y otras figuras de contratación, vuelven a poner de manifiesto la "imperiosa necesidad" de las Administraciones Públicas de acabar con la consabida tasa de reposición cero, volviendo a convocar nuevamente Ofertas de Empleo Público y promociones profesionales que solucionen el despido masivo de Empleados Públicos a la que ha sido sometida la Función Pública".
CSI.F denuncia que la utilización "perniciosa" del trabajador como colaborador social, sólo conlleva la eliminación de promoción interna en la Administración y el perjuicio del contratado, "que ve como ni siquiera la permanencia en el puesto le sirve para acreditar méritos en un futuro concurso, oposición etc. que opte el interesado".
Por último, el sindicato insiste en su rechazo a la utilización de figuras laborales atípicas y precarias "que perjudican sobremanera a los propios empleados públicos y reducen la calidad de los servicios que prestan a los ciudadanos".
