CIUDAD REAL, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción informó hoy de que ha interpuesto recurso de alzada contra la autorización ambiental integrada que la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente ha concedido a la empresa Puerto Vallehermoso para una granja de 3.600 cerdos de engorde en Alhambra (Ciudad Real), que contiene dos balsas de almacenamiento de estiércoles para secado natural y que prevé la utilización de los sobrantes como fertilizantes para la agricultura de la zona.
Así, según informó el colectivo en nota de prensa, piden la derogación del proyecto manteniendo su línea de "rechazo sistemático a este modelo intensivo de producción pecuaria por su papel en la degradación de las aguas subterráneas, por los nitratos contenidos en las deyecciones que no son convenientemente depuradas o son vertidas ilegalmente", según apuntó Ecologistas.
A juicio de la organización, tanto el informe preliminar como la resolución definitoria reinciden en la omisión de aspectos importantes regulados en la legislación autonómica de gestión de explotaciones porcinas y purines.
El término municipal de Alhambra, al formar parte de el Campo de Montiel, es zona vulnerable por contaminación de nitratos de origen agrario, según se desprende del Programa de Actuación de declaración, aprobado por la Consejería de Agricultura.
En éste, según Ecologistas en Acción, se recoge la necesidad de limitar la carga ganadera en la comarca, junto a la Mancha Occidental, ante los altos índices de nitratos en las aguas de los acuíferos.
Para la asociación, la autorización se "desentiende de cuestiones tales como las cantidades máximas de estiércol a aplicar en los terrenos, el tipo de cultivos receptores, las medidas de corrección en caso de aumento del contenido de nitratos en las capas freáticas, la toma por separado en la analítica de aguas superficiales y subterráneas, el pago de una fianza por responsabilidad civil ante hipotético caso de accidente con peligro para el medio ambiente, entre otros".
Por ello, a juicio de Ecologistas, la Consejería de Medio Ambiente debería explicar cómo conciliar esta actividad con el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), con una situación límite de los acuíferos 23 y 24, sobre explotados y contaminados.
Así, en el recurso de alzada exigen la realización del estudio de impacto ambiental, evocando la Ley 4/2007 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, obviada en el caso que nos ocupa, que obliga a las instalaciones que superen las dos mil cabezas a su tramitación.
A esta organización le sorprende la invasión en esta provincia de estas explotaciones con una coyuntura agraria de incertidumbre, de encarecimiento de los costes de producción, inestabilidad de los precios de mercado, importación de productos de terceros países, que aunque parecen afectar más a otros sectores, no es seguro que el porcino esté libre de una crisis global de largo ciclo.
Finalmente, Ecologistas apuntó en nota de prensa que "la avaricia empresarial y la inercia complaciente del Gobierno regional con respecto a este asunto son los animadores de un proceso que hace tabla rasa del llamado principio de precaución, de los estudios de técnicos y de la extrema vulnerabilidad de los acuíferos, que aconsejan una contención de esta ganadería".
