TOLEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha decidido interponer el recurso contra el convenio suscrito entre la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) al considerar que el volumen de agua embalsada en la cuenca del Segura es suficiente como para no tener que emplear los 30 hectómetros cúbicos procedentes de estos pozos.
Así lo puso de manifiesto su portavoz, Isabel Rodríguez, quien informó que este fue uno de los acuerdos aprobados esta semana en la reunión del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. A través de este convenio se explotarían 13 sondeos localizados en las localidades albaceteñas de Hellín, Socovos y Lietor para riegos en las zonas beneficiarias del trasvase Tajo-Segura.
En este sentido, Rodríguez recordó que este convenio se firmó entre ambas entidades el pasado 26 de marzo y permitía que estos regantes explotasen las aguas extraídas de hasta 18 pozos, 13 de ellos localizados en Castilla-La Mancha. Por lo tanto, dijo la portavoz, "esta decisión está perjudicando, claramente, los intereses hídricos de Castilla-La Mancha".
El Ejecutivo autonómico, manifestó, entiende que la Confederación Hidrográfica del Segura "no puede" seguir realizando este tipo de convenios que permite la explotación de pozos que están en territorio de Castilla-La Mancha y destacó que la cuenca del Segura tiene suficiente reservas en este momento como para satisfacer las demandas de riego de todos sus cultivos.
"La cuenca del Segura está en sus mejores momentos desde hace 30 años, por lo tanto, nunca ha estado así, desde que existe el trasvase Tajo-Segura", afirmó Rodríguez, quien indicó que el recurso interpuesto por la Junta está basado en distintos aspectos legales como ni la CHS ni si su junta de gobierno son competentes para continuar esta explotación de pozos de emergencia de sequía.
Asimismo, la Junta considera que el SCRATS no se considera una administración pública, y por tanto, "no es competente" para tener este tipo de actividad, al mismo tiempo que aseguró que se ha omitido información a Castilla-La Mancha y no ha habido información pública del proceso, y se trata de un convenio que provocaría efectos medioambientales "nocivos".
