TOLEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS)
El secretario segundo de la Mesa de las Cortes, Leandro Esteban (PP), confirmó hoy la oposición "frontal" de su partido a todos los artículos de la Ley de Medios Audiovisuales de Castilla-La Mancha, una "mala ley" que "nunca" debe salir. Aunque se han presentado 30 enmiendas "lo no enmendado no implica acuerdo" sino lo contrario, y "urge tener calma" para estudiarla puesto que el Consejo Consultivo hace advertencias de ilegalidad e incluso "inconstitucionalidad".
Así lo indicó Esteban en rueda de prensa antes de celebrarse la Comisión de Asuntos Generales para designar la ponencia que elabore el Informe del Proyecto de Ley, asegurando que se han presentado 30 enmiendas parciales --muchas de ellas de supresión de títulos enteros--, de las cuales tienen que ser admitidas "todas, y no una a una", puesto que lo que pretende la Ley es "desmantelar" el sistema de control que se pretende en materia de medios de comunicación.
Lamentó que muchos de los criterios no fomenten el desarrollo del sector especializado sino "lo contrario", y así, insistió en que las enmiendas se centran sobre todo en la eliminación de la tasa, del régimen sancionador, y sobre todo, de la creación del Consejo Audiovisual, una "especie de censura" en pleno siglo XXI, por lo que este último aspecto "no es negociable en ningún caso".
No obstante, pese al rechazo total del PP a esta Ley, el diputado regional dijo que como ejercicio de lealtad institucional se pueden proponer algunas correcciones, y si se admitiesen "todas", "podríamos entrar a discutir a fondo todo lo que queda". Pero esto, continuó, no se hace en una semana ni en diez días, porque necesitaría primero del conocimiento del sector y de la oposición.
Confirmó que el PP no quiere bloquear que el Gobierno regule una competencia que tiene "o puede tener", sino que lo que dice es "no con esta ley". El Parlamento tiene los "días contados" y no puede tener la responsabilidad de aprobar esta Ley en el último Pleno de legislatura porque "los indicios" al respecto generan un "tufo poco democrático", agregó.
"HUELE" A CHANTAJE POLÍTICO
Por eso, Esteban se mostró convencido de que lo mejor que puede hacer el Gobierno regional "es retirarla" ya que no es que no merezca aprobarse en la presente legislatura, sino que no puede ser aprobada en unas Cortes "tal y como está". Añadió que se aproxima periodo electoral y no es lógico hablar de nuevas concesiones porque "huele" a una especie "de chantaje político" y a que "si alguien no se porta bien, no tendrá una concesión".
Preguntado por si el PP acudiría al amparo del Tribunal Constitucional, confirmó que "para ir", primero tendría que ser una Ley, y hay que "ver si se aprueba o no y en qué términos", aunque si no queda otra alternativa "es un camino abierto".
Esteban, que insistió en la calificación cada vez "con más razón" de ley "mordaza", explicó que algunos artículos no han sido enmendados por razones técnicas, lo que no quiere decir que su partido esté de acuerdo con lo no enmendado. El rechazo es "frontal desde el título hasta el final", insistió, y hasta el propio Consejo Consultivo establece objeciones y reparos, por ejemplo, con el establecimiento de una tasa.
Recordó Esteban que en el pasado Pleno hubo un ofrecimiento por parte del Gobierno para dar explicaciones sobre el proyecto de ley --que confió "nunca vea la luz" en Castilla-La Mancha--, pero a fecha de hoy "no ha habido ninguna comunicación" con ningún miembro del grupo".
LEY "A ESPALDAS DEL SECTOR"
El diputado 'popular' recalcó que "desde el máximo respeto", el comunicado de la Asociación Profesional de Prensa de Toledo --que el PP expondrá en la Comisión--, "de alguna manera" viene a reconocer que es una ley "hecha a espaldas del sector" y recoge además, dijo Esteban, algunas de las denuncias del PP, como la obligación de difundir comunicados de forma gratuita y obligatoria.
Exhibir este artículo dentro de la Ley, a juicio de Esteban, responde a la intención "del control absoluto" de los medios por parte del Gobierno, y a "cercenar" la libertad de expresión de manera "clara y grosera" porque si se pretende potenciar, "nada peor" que introducir artículos como éste.
Por último, el diputado 'popular' puso como ejemplo la aprobación en el pasado Pleno de la Ley que establece los criterios para declarar las evaluaciones ambientales y que incluye un régimen sancionador que sitúa en el máximo los 450.000 euros, comparando esta cantidad establecida para "un desastre medioambiental" con las sanciones a los medios de comunicación, que pueden llegar a los 600.000 euros.