MADRID/TOLEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado un bloque de Propuestas de Resolución relativas a la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción, el impuso reformista del Gobierno y la reforma de las administraciones públicas.
Tras el Debate sobre el estado de la Nación, el Grupo Popular considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, funcionamiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones.
En este sentido, insta a "la aplicación de los criterios previstos en el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades que se financien esencialmente a través de dinero público".
Asimismo, impulsa la "aprobación de una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas y el papel de los responsables económicos financieros de estas organizaciones".
Igualmente, los populares proponen la aprobación de una Ley reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público, la reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para todos los delitos relacionados con la corrupción o la reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal para agilizar los procedimientos y para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad ni una condena pública sin sentencia.
El Grupo Popular también apunta en este apartado la adopción de las medidas oportunas en el ámbito parlamentario para regular las organizaciones de intereses o "lobbies" con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.
En cuanto a la reforma de las administraciones públicas, el PP insta a eliminar duplicidades administrativas, a la gestión de servicios y medios comunes para centralizar las actividades de gestión, a la administración institucional y a la clarificación de las competencias de las entidades locales.
