Actualizado 14/01/2009 19:38 CET

Tribunales.- El fiscal rebaja la petición de pena para los dos acusados de vender exámenes de conducir en Albacete

ALBACETE, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal modificó hoy sus conclusiones y rebajó la petición de pena de los acusados de vender cuestionarios del examen de conducir de los ocho y ocho años y medio iniciales, respectivamente, a cuatro años de prisión para el funcionario de la jefatura Provincial de Tráfico, Alfonso C.F, y dos años para el propietario de las autoescuelas "Alba" y "Bugatti", Miguel Angel G.N.

La vista oral por el caso de las autoescuelas finalizó hoy en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Albacete, al renunciar el Ministerio Público y los abogados de la defensa a continuar con las pruebas testificales, tras haberse declarado culpables los dos acusados, dejando sin opción al abogado de la acusación particular, que no solicitó previamente la presencia de testigos ya que tan solo se adhirió a los testigos solicitados por la Fiscalía y la defensa.

Dada esta circunstancia el presidente del Tribunal, el magistrado Antonio Nebot, ordenó la retirada de los testigos que para la sesión de esta mañana habían sido citados, y entre los que se encontraba el inspector que había realizado la investigación del caso, por lo que el jurado no llegó a conocer mas detalles de este caso.

Siguiendo con el procedimiento, las partes --Ministerio Fiscal, acusación particular y defensa-- modificaron sus peticiones de pena para el funcionario de la jefatura Provincial de Tráfico, Alfonso C.F y el propietario de las autoescuelas "Alba" y "Bugatti", Miguel Angel G.N.

Así el fiscal, Juan Pedro Guillén modificó sus conclusiones y rebajó la petición de pena de los acusados de los ocho años y ocho años y medio iniciales a cuatro años de prisión para el funcionario y dos años para el particular.

Para Alfonso C.F. el fiscal mantiene el delito continuado de cohecho pasivo por el que solicitó una pena de 4 años de cárcel y multa de 20.000 euros y delito continuado de revelación de secretos por el que pide 5.400 euros de multa, concurriendo el agravante de reincidencia.

Para Miguel Angel G.N., el Ministerio Público pide, por un delito continuado de cohecho activo, una pena de dos años de cárcel y 30.000 euros, y por un delito continuado de revelación de secretos una multa de 30.000 euros.

El fiscal argumento la drástica reducción de la pena en el hecho de que" no se había podido acreditar grave daño para la causa pública o a terceros".

LA DEFENSA

Por su parte las defensas de los dos acusados, al haber reconocido sus representados los hechos delictivos por los que están encausados, pidieron al jurado popular que deberá emitir el veredicto de inocencia o culpabilidad, "que aconsejen al Tribunal" que imponga la pena que en su grado mínimo contempla la ley respecto a los delitos de los que se les acusa. Las defensas indicaron que durante el acto de juicio no quedó acreditado el grave daño para la causa pública ni para terceros.

El letrado representante de Alfonso C.F. manifestó que "el hecho de que alumnos con graves carencias de formación y extranjeros sin conocer el idioma consiguieran el permiso de conducir no suponía un peligro para las personas porque, también hicieron el examen práctico donde hay que interpretar señales de tráfico".

El defensor de Miguel Ángel de G.N., por su parte, reprochó a la acusación particular la elevación inicial de la petición de pena hasta nueve años de prisión para Alfonso C.F. y ocho y medio para su defendido comparándolas con las que se imponen por delitos de homicidio y violación.

Así, la acusación particular pidió además, que los acusados paguen multas de 50.000 euros cada uno y aseguró que su actuación supuso un grave daño para la causa pública y para terceros al haber puesto en tela de juicio la credibilidad de la Dirección General de Tráfico y de las autoescuelas.

Asimismo, el letrado resaltó que el hecho de haber facilitado el permiso de conducir a personas analfabetas funcionales "introduce enormes dosis de inseguridad vial", ya que estos conductores, "no saben leer señales de circulación ni interpretar las indicaciones de los encargados del tráfico rodado".

Para mañana a las 11.00 horas está prevista la reunión de las partes con el presidente del Tribunal, para la elaboración del "objeto del veredicto", una serie de preguntas que los miembros del jurado popular deberán responder.

A continuación, el jurado se reunirá a puerta cerrada a deliberar su veredicto final, que como ocurre en este sistema de juicios con jurado, será vinculante, para la decisión de la sentencia definitiva por parte del presidente del Tribunal.