VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado subvenciones por valor de 577.321 euros destinados a las universidades públicas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la financiación de los contratos de trabajo en prácticas de personal investigador.

Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, estas aportaciones se realizan en el marco del Estatuto del Personal Investigador de Formación y afectan a 46 contratos en las cuatro universidades públicas y en el CSIC. Estos docentes reciben una retribución anual de 14.630 euros brutos, además de las cuotas empresariales devengadas a la Seguridad Social.

De la subvención total, 577.321 euros, la Universidad de Burgos recibirá 12.536 euros, la Universidad de León percibirá 163.637 euros, la Universidad de Salamanca tendrá asignados 313.395 euros, la Universidad de Valladolid dispondrá de 75.217 euros y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) contará con 12.536 euros.

En concreto, estas subvenciones cubrirán la contratación de los 46 investigadores desde enero de este año y hasta finales de junio. Las diferencias de las cantidades que recibirán estos profesionales dependerán de su condición como becarios y su especialidad, así como de las horas que dedicarán a sus investigaciones.

La distribución de los contratos que se realizarán en 2011 contempla uno en la Universidad de Burgos; trece en la Universidad de León; veinticinco en la Universidad de Salamanca, seis en la Universidad de Valladolid y uno de investigador en el CSIC.

Según ha recordado el portavoz, el Estatuto del Personal Investigador en Formación configura un sistema obligatorio para todos los programas de ayudas que tengan por objetivo la formación de investigadores y, finalmente, la obtención del título universitario de doctor.

Estos programas de investigación se realizan a través de un departamento o instituto universitario, un centro o instituto dependiente del CSIC, un centro tecnológico inscrito en el Libro de Registro de Centros de Innovación Tecnológica o un hospital público que cuente con Comisión de Investigación.

Tras dos años como becarios, los investigadores deberán ser contratados por el organismo en el que han realizado sus prácticas, tal y como establece el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). A partir de este momento, la Junta asumirá el coste de su salario y de la Seguridad Social.