JUNTA CYL

VALLADOLID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el decreto que regulará el procedimiento para reconocer la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título así como la obtención de carnés individuales y la emisión de duplicados.

Según ha explicado el portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, la nueva normativa permite presentar la solicitud de forma telemática y suprime la obligación de aportar datos y documentación que ya tengan las administraciones públicas.

El portavoz ha precisado además que el decreto supone la adaptación de los trámites referidos al título de familia numerosa a las disposiciones vigentes en materia de simplificación de procedimientos, Administración Electrónica y utilización de nuevas tecnologías.

De esta forma, el decreto establece la posibilidad de presentar las solicitudes para el reconocimiento de la condición de familia numerosa y la expedición del título o su renovación de forma electrónica a través de la dirección de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León (www.tramitacastillayleon.jcyl.es).

El decreto regula, a través de 14 artículos, la forma y contenido de las solicitudes, la presentación, documentación requerida, periodos de vigencia, supuestos especiales, modificación de datos o la pérdida de condición de familia numerosa, entre otros aspectos.

Asimismo, en lo que se refiere a la documentación requerida, el solicitante no está obligado a presentar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad, el certificado de empadronamiento y la copia del documento acreditativo de discapacidad, en el supuesto de que se diera este último caso.

De Santiago-Juárez ha añadido que la simplificación del procedimiento y de los requerimientos documentales se aplica también a la obtención de los carnés individuales acreditativos para cada miembro de la unidad familiar y a la emisión de duplicados.

La aprobación de un nuevo decreto sobre esta materia, que deroga al anterior vigente desde enero de 2005, viene motivada por la entrada en vigor de la Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, que reconoce el derecho a relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos y a no aportar los datos y documentos que obren en poder de éstas, y de la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública, que contempla la racionalización y la simplificación administrativa para posibilitar la modernización y mejora de la Administración de la Comunidad.