VALLADOLID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -
El 63,5 por ciento de los empleados de la Junta de Castilla y León realizó su trabajo de forma no presencial o mediante un sistema mixto durante el estado de alarma, según consta en la auditoría extraordinaria encargada para conocer la actividad de los servicios autonómicos y que se ha hecho pública este jueves.
Durante el estado de alarma trabajó un 89,3 por ciento de la muestra analizada, mientras que del 10,7 que no lo hizo, un 4,9 se encontraba de baja, mientras que en el 5,8 por ciento restante figuran permisos por maternidad o paternidad, vacaciones, liberados sindicales y por deber inexcusable, supuesto este último en el que han estado 74 efectivos, lo que supone un cinco por ciento del total.
En cuanto a los que han trabajado, un 32,6 por ciento lo hizo de forma presencial, frente a un 38,9 no presencial, mientras que un 17,8 recurrió a un sistema mixto que alternaba el trabajo presencial y no presencial.
Por lo que se refiere a los medios materiales utilizados han sido ordenadores, teléfonos móviles, tablets y conexión a internet, que en un 96 por ciento de los casos han sido medios personales de los empleados públicos, y solamente en un cuatro de los supuestos ha sido la Administración autonómica la que ha facilitado tales medios.
En relación con la reorganización del trabajo, todos los jefes de servicio o unidad auditados recibieron instrucciones específicas de sus superiores para la reorganización del trabajo y procedieron a materializarlas, reorganizando el trabajo en su área de gestión.
RESPONSABLES DE SERVICIO
Los responsables del servicio o unidad acudieron al centro de trabajo todos los días, en un 11,9 por ciento de los casos; de forma periódica, en un 25,4, y cuando resultó indispensable, en un 62,7 por ciento.
En cuanto a los trabajadores adscritos a los servicios o unidades han acudido al centro de trabajo en turnos, bien sean diarios, horarios o semanales, en un 31,9 por ciento de los casos; esporádicamente, para recoger documentación, en un 14,9; cuando ha resultado indispensable, en un 9,4, y todos los días, un 7,4 por ciento de los casos analizados.
Todos los trabajadores se han mantenido en contacto con su centro directivo y que los empleados públicos consultados han asignado una valoración conjunta acerca de la reorganización con una nota de 7,9 puntos sobre 10, de acuerdo con esta auditoría.
Además, el 19,7 por ciento de los trabajadores de la muestra analizada ha tenido la necesidad de conciliar su vida laboral y el desempeño de sus funciones con la vida personal y familiar; en el 50,1 por ciento de los casos se considera que el tiempo necesario para desarrollar sus funciones ha sido superior, en un 36,1 que ha sido el mismo y en un 13,7 el tiempo necesario se ha visto reducido.
La nueva reorganización del trabajo, en relación con el cumplimiento de las funciones de los servicios o unidades, se ha valorado en un 77,9 por ciento de los casos como "positiva o muy positiva"; un 18 por ciento de los 1.462 empleados públicos ha considerado que no ha afectado al ejercicio de las funciones y un 5,5 de ellos ha mostrado una consideración negativa.
El 76,49 por ciento de los empleados públicos consultados ha afirmado que se pueden ejercer las funciones de forma no presencial, sin ningún tipo de restricción o con alguna adaptación, frente al 13 que entiende que solamente se podrán ejercer parcialmente y al 2,5 por ciento de los casos que encuentra imposible desarrollar algunas de sus funciones sin el trabajo presencial.
RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones contenidas en esta auditoría es avanzar en nuevas fórmulas de organización del trabajo en la Administración, con medidas oportunas para que las modalidades de trabajo presencial y a distancia compartan protagonismo en lo que debe ser la organización de una Administración "moderna, dinámica y adaptada a las necesidades, exigencias y oportunidades propias de un nuevo tiempo", dando "un paso más hacia la Administración pública digital".
También se propone fomentar la dirección y la prestación de servicios por objetivos, entendiéndolas como "la oportunidad para avanzar en el diseño de una fórmula aplicable tanto al trabajo presencial como no presencial", que parta del establecimiento de unos objetivos y del refuerzo de los criterios de medición que permitan valorar los avances en las tareas asignadas, evaluar el rendimiento de las personas y las unidades o equipos de gestión y, por tanto, de la organización en su conjunto.
Otras de las recomendaciones que se muestran en el informe final de la auditoría extraordinaria son ampliar el número de procedimientos teletramitables, generalizar la firma digital y el certificado electrónico, una mayor formación de los empleados públicos, elaboración de planes de contingencia, clarificar la concesión de permisos, normalizar el trabajo a distancia como sistema habitual de organización del trabajo, acotar el ámbito de aplicación de este modelo de trabajo y avanzar en la disponibilidad de más medios materiales y técnicos.
A la luz del análisis realizado, la Inspección General de Servicios concluye que los centros directivos o unidades administrativas de menor tamaño han tenido mayores facilidades para gestionar los recursos humanos debido a que la comunicación y la organización de grupos pequeños siempre es más fluida y más sencilla.
La Junta realizó esta auditoría extraordinaria para analizar la forma en que se han ejercido las funciones encomendadas a los distintos servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y con ello obtener datos sobre el cumplimiento de estas funciones así como las ventajas, las facilidades, los inconvenientes o las dificultades que surgidas para llevarlas a cabo entre el 16 de marzo al 30 de abril de este año.
El informe detalla cómo y con qué medios han realizado su trabajo los empleados públicos de cada uno de los centros directivos de las consejerías y de las unidades administrativas de las delegaciones territoriales analizados, qué sistemas de organización del trabajo se han utilizado y qué obstáculos se han encontrado para cumplir su cometido.
Para su elaboración se ha utilizado la técnica de muestreo sobre la actividad de 1.462 empleados públicos correspondientes a diecinueve centros directivos o unidades administrativas, seleccionados de forma que hubiera un reparto equitativo entre las distintas consejerías y delegaciones territoriales. De esa cifra total analizada, 477 empleados públicos corresponden a diez centros directivos de las consejerías y 985 a nueve unidades administrativas de las delegaciones territoriales.
La Inspección General de Servicios -dependiente de la Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios- ha recabado información sobre recursos humanos; medios materiales; el sistema de organización del trabajo utilizado; las dificultades que se han encontrado para el ejercicio de sus funciones y las ventajas que hayan podido surgir de la realización del trabajo a distancia.