VALLADOLID, 24 (EUROPA PRESS)
Adif ha comunicado este lunes a los otros socios de Valladolid Alta Velocidad (SVAV) --Ayuntamiento y Junta de Castilla y León-- la propuesta de denuncia y resolución del convenio firmado en 2017 que contemplaba la integración en superficie y llevará el asunto a un juzgado de lo Mercantil debido a que el Consistorio y la Junta no han aceptado la celebración de una Junta General de accionistas en la que se iba a abordar el asunto.
La secretaria general de Adif, Irene Bonet, planteó verbalmente la resolución del convenio después de dos horas de reunión de la Comisión de Seguimiento del proyecto ferroviario, en la que ha recalcado que "ha quedado claro" que las posiciones de las entidades del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible --Adif, Adif Alta Velocidad y Renfe--, por un lado, y del Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León, por otro, son "totalmente contrapuestas".
A continuación se ha celebrado un Consejo de Administración que ha transcurrido con cierta normalidad, salvo las diferencias por la aportación pendiente del Ayuntamiento correspondiente a la anualidad de 2024.
En tercer lugar, la SVAV había convocado a instancias de Adif una Junta General de accionistas en la que pretendía presentar por escrito la propuesta de resolución del convenio de 2017, pero el consejero de Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde, Jesús Julio Carnero, han esgrimido que la citación se ha realizado de manera "indebida" para rechazar su celebración, al igual que también se han opuesto a celebrar una Junta "universal" de accionistas ante la presencia de representantes de todos los socios.
Por ello, el secretario de Estado del Ministerio, presidente de la SVAV y máximo representante ministerial en el encuentro, José Antonio Santano, --el ministro y exalcalde de la ciudad, Óscar Puente, se encuentra en Londres para asistir al plenario de la Organización Marítima Mundial--, ha censurado que la jornada ha concluido "de la peor manera" al acusar que Suárez-Quiñones y Carnero han "escapado" de la Junta General.
"Pero de sus responsabilidades no pueden escapar", ha advertido Santano, que ha calificado lo vivido en los dos últimos años en el seno de la entidad de "pantomima" y "tomadura de pelo" pues afirma que en "diez reuniones" del Consejo de Administración el Ayuntamiento "siempre ha puesto algún problema" para tomar acuerdos.
"Acabemos con esta pantomima y dejemos que el Ayuntamiento y la Junta caminen hacia donde deseen", ha apostillado Santano, que en una intervención posterior se abrió a un diálogo posterior "con Valladolid, mirando al futuro".
Ahora, ha explicado Bonet en la reunión posterior del Consejo de Administración, se procederá a la liquidación del convenio y a la resolución de las cuentas pendientes y aportaciones acordadas, entre ellas los 11,07 millones de euros que el Ayuntamiento dejó pendiente de aportar correspondientes a la anualidad de 2024.
Por su parte, tanto el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, como el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, han mostrado su "total oposición" al planteamiento de resolución del convenio y ambos han manifestado que defenderán los intereses de Ayuntamiento y Junta en las instancias judiciales que corresponda.
Tanto el secretario de Estado, como el consejero y el alcalde han defendido que han apostado por el "diálogo" hasta el último momento. Por un lado, Santano ha subrayado que ha planteado, en la reunión del Consejo, que si el Ayuntamiento accedía a aprobar ya las obras de los pasos de Ariza, desistirían de la pretensión de resolver el convenio.
En ese caso, la respuesta de Carnero ha sido proponer que se demoren "dos años" las obras de remodelación de la estación Campo Grande, presupuestadas en 250 millones de euros, para poder afrontar las de los pasos de Ariza sin crear un "caos circulatorio".
De hecho, el alcalde y el concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, han entregado hoy a los organismos ministeriales un informe de movilidad para justificar la negativa del Consistorio a los tres pasos en el entorno de Ariza, cinco meses después de plantear su negativa a este proyecto el pasado mes de junio.
"Para cualquier persona que esté en Valladolid o viva en Valladolid queda claro que abordar esas obras cuando unos metros más allá se hace una nueva estación sería un caos absoluto", ha enfatizado Carnero, que ha apostillado que si permitiera eso tendría que irse a vivir a "Oporto", porque la ciudad sería "un asco" mientras coincidieran las dos ejecuciones.
Jesús Julio Carnero, ha reclamado la creación de una "comisión de análisis" para "ver por dónde se puede avanzar", no romper el convenio para ser "respetuosos con lo que representa cada uno" y poder incluso desarrollar actuaciones contempladas en el acuerdo para la integración pero cambiando el nombre a "convenio de transformación ferroviaria".
También ha planteado dar facilidades urbanísticas al desarrollo de los suelos de los antiguos talleres de Renfe, que no obstante ha subrayado que deben ser descontaminados por Adif.
Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, ha apuntado que en los años de vigencia de la SVAV, ésta ha realizado aportaciones de casi 364 millones de euros "en activos ferroviarios" de los que considera que se han beneficiado Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora.
"AL FRENTE DEL NEGOCIO DEL SIGLO SE HA PUESTO UNO DE VALLADOLID"
"Han hecho el negocio del siglo. Al frente del negocio del siglo se pone uno de Valladolid --en referencia al ministro Puente--. Se van a vendimiar y el de Valladolid lleva uvas de postre", ha relatado, antes de lamentar que la ciudad ha "entregado todo" y ahora las entidades del Ministerio deciden irse porque "dicen que tenemos una serie de incumplimientos" cuando, defiende, lo que ha buscado el Ayuntamiento es llevar a efecto aquellas actuaciones que no impidan el soterramiento.
"Ha quedado claro que para que Valladolid pueda tener soterramiento hace falta un ministro del PP. Es una cuestión de voluntad política de quien está aquí en el Ayuntamiento y de tozudez política de quien está en Madrid, ha concluido el regidor popular.
"ENJUICIAMIENTO PERSONAL" AL ALCALDE
Suárez-Quiñones ha criticado al secretario de Estado en su intervención el primero de los encuentros por considerar que ha llevado a cabo un "enjuiciamiento personal" al alcalde de la ciudad y ha defendido que "en estos años no se han hecho menos cosas que en los años anteriores" en la SVAV.
Después, ante las referencias del subsecretario de Estado y ex responsable de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento durante el mandato de Óscar Puente, Rafael Guerra, a las múltiples conversaciones para llegar al acuerdo que en 2017 modificó el convenio para dejar atrás el soterramiento y abordar la integración, el consejero ha lamentado que para adoptar la decisión de denunciar el convenio "no ha habido una sola conversación" entre administraciones que no haya sido "formal" en el seno de los órganos de la Sociedad.
"Hemos instado al diálogo, hemos ofrecido agendas para ponernos de acuerdo en hacer un cambio como hicimos en 2017...", ha relatado Suárez-Quiñones, que considera que un fin del convenio tendría "unas consecuencias muy graves para todos", por lo que "merecería una conversación" fuera de los órganos formales.