Advierte de que el 78% de las plazas anunciadas no son de nueva creación sino ocupadas desde hace diez y veinte años
VALLADOLID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León (Alicyl) ha denunciado públicamente que la propuesta de Oferta de Empleo Público para 2018 que la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, ha presentado a las organizaciones sindicales pone en peligro casi 2.000 puestos de trabajo que vienen desempeñando empleados públicos desde hace más de 15 años con contrato de trabajo indefinido o de interinidad.
Los portavoces de Alicyl, integrada actualmente por más de 300 empleados públicos, critican el "despropósito" del PP con esta Oferta de Empleo Público en la que, de aplicarse, podría suponer el despido de más de 300 trabajadores laborales indefinidos y estables que se ofertarían en esta OEP "engañosa y ficticia". Por ello, sostienen que se trata de enmascarar "un ERE en toda regla".
De ejecutarse esta Oferta de Empleo Público, añade la asociación, habría que despedir a más de 300 trabajadores indefinidos no fijos para contratar a otros y este "cambalache" les costaría a los ciudadanos cerca de 8 millones de euros en pagar indemnizaciones por despido.
Según los cálculos realizados por Alicyl, a partir de la información facilitada por Función Pública a los sindicatos, de las 1.313 plazas propuestas de personal funcionario de carrera para incluir en la OEP 2018, 1.077 corresponderían a puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados desde hace más de 10, 15 o incluso 20 años por personal interino o laboral indefinido, por lo que sólo 236 plazas serían una ampliación real de personal al servicio de la Administración.
Asimismo, de las 1.223 plazas de personal laboral incluidas en la OEP 2018, solamente 316 plazas corresponderían a una ampliación de personal efectivo, mientras que las 907 restantes corresponden a puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados desde hace más de 10, 15 ó 20 años por personal laboral temporal o indefinido.
Es decir, de una oferta de 2.536 plazas de personal funcionario y laboral, casi 2.000 son puestos de trabajo ya desempeñados por trabajadores con dilatada experiencia y antigüedad de 10, 15 o incluso 20 años desempeñando adecuadamente sus funciones.
Los trabajadores Indefinidos de la Junta de Castilla y León tildan esta maniobra de "campaña de maquillaje del Partido Popular" ante las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales.
Se trata una oferta de empleo público que esconde, por un lado, la posible pérdida del puesto de trabajo de un gran número de trabajadores indefinidos e interinos y, por otro, el enorme coste económico para las arcas de la Junta de Castilla y León y, por tanto, para todos los castellanos y leoneses en despedir a esos casi 2.000 trabajadores, con un coste global en indemnizaciones cercano a los 28 millones.
A juicio de la Asociación de Laborales Indefinidos, la Junta de Castilla y León ante la situación económica actual, contradiría el principio de austeridad y de contención de gasto público marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
La Asociación de Indefinidos de Castilla y León ha hecho un llamamiento a la Junta de Castilla y León y a los sindicatos presentes en esa Mesa General de Negociación para que no se lleve a cabo algo que "a todas luces no va a generar más que conflictos y movilizaciones y, lo más importante, un ahorro de millones de euros que se pueden invertir, por ejemplo, en aumentar plazas de nueva creación reales".
