Amilivia anima a solicitar más dictámenes facultativos y alerta de incumplimiento de plazos en el desarrollo de leyes

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Mario Amilivia, ha animado a las distintas administraciones de la Comunidad -tanto a nivel autonómico, como provincial y local- a solicitar más dictámenes facultativos al organismo que dirige, como una fórmula de ofrecer "mayores garantías" a los ciudadanos.

Durante la presentación ante las Cortes de Castilla y León de la Memoria del Consejo relativa a 2015, Amilivia ha recordado que este tipo de dictámenes, a diferencia de los preceptivos, no son de solicitud obligatoria por parte de las administraciones, pero ha defendido su conveniencia.

Por ello, ha anunciado una presencia más intensa tanto de él como de los miembros del Consejo en diferentes ayuntamientos de la Comunidad, a fin de dar a conocer esta fórmula y convencer a los regidores municipales de las ventajas de recurrir a ella, al tiempo que ha recordado que ni este tipo de dictámenes ni los preceptivos tienen carácter vinculante, por lo que no limitan la capacidad de decisión de las instituciones locales o regionales.

Asimismo, ha solicitado la ayuda tanto de los distintos grupos parlamentarios representados en las Cortes como de los medios de comunicación en la difusión de esta idea, si bien ha puntualizado que en lo que va de 2016 el Consultivo ya ha emitido cinco dictámenes facultativos, la cifra más alta hasta la fecha, un número que, no obstante, espera que siga aumentando puesto que "las administraciones están cada vez más concienciadas del papel y contribución" de este Consejo, una de las cuatro instituciones propias con que cuenta Castilla y León -junto con el de Cuentas, el Económico y Social y el Procurador del Común-.

En su intervención ante la Comisión de la Presidencia, el responsable del Consultivo ha puesto de relieve la "normalidad" en el trabajo de este organismo, si bien ha alertado a los parlamentarios de los "frecuentes incumplimientos" que se producen en los plazos para el desarrollo de algunas leyes, un "incumplimiento expreso de la norma en cuestión" que deja la regulación "inacabada" y supone "un funcionamiento anormal de la Administración", lo que "pone en riesgo los derechos del ciudadano".

Por ello, ha reclamado "eficiencia" en el desarrollo de las normas aprobadas por los representantes de la ciudadanía y ha abogado por evitar las "demoras injustificadas". Al mismo tiempo, ha solicitado a las distintas administraciones que en los informes que remiten al Consejo sobre sus actuaciones ofrezcan "información completa y detallada" en lugar de "una mera guía de estilo", a fin de que los dictámenes del Consultivo puedan ser "más adecuados".

En cualquier caso, Mario Amilivia ha defendido el carácter no vinculante de las resoluciones del Consejo, ya que de lo contrario "sería éste y no las administraciones quienes tomaran las decisiones", lo cual afectaría a su "prestigio".

"AUCTORITAS"

Sobre este punto, ha resaltado la "auctoritas" de que goza el Consultivo, pues en 2015 sus dictámenes fueron secundados por las instituciones correspondientes en un 96,10 por ciento de los casos, a pesar de no ser, como ha reiterado, vinculantes.

De acuerdo con la memoria presentada este martes, que fue aprobada por el Pleno del Consejo el pasado 17 de marzo, en 2015 el Consultivo aprobó 513 informes sobre actuaciones administrativas, algo menos que en años anteriores por el periodo electoral, lo que supone que desde la creación de esta Institución se han aprobado 13.114.

León lidera los informes realizados el pasado año con 128, el 25 por ciento; le sigue Valladolid con 92, el 18 por ciento; Burgos con 87, el 17, y Salamanca con 56, el once por ciento. Respecto a la temática, la mayoría de los informes -402 de los 513, el 78 por ciento- derivó de las consultas sobre los daños producidos al ciudadano por el funcionamiento que prestan las administraciones.

Dentro del Gobierno autonómico, que lidera el ranking de consultas (271), la Consejería de Sanidad fue la que más informes solicitó (117), seguida de la de Fomento y Medio Ambiente (65), algo que para Amilivia no es necesariamente un signo de mal funcionamiento de los servicios públicos, sino de una conciencia de la población sobre sus derechos, sobre lo que ha subrayado que "es bueno para todos que el ciudadano reclame más".

Mario Amilivia ha destacado también la eficiencia de su organismo, que contó en 2015 con un presupuesto de 2,07 millones de euros que se ha ejecutado en un 99,39 por ciento y una "reducida plantilla" de 24 trabajadores, a pesar de lo cual se lograron entregar 161 informes antes del plazo establecido, que es de diez días para los casos urgentes y de 20 para los ordinarios, frente a los dos meses de media que tarda el Consejo de Estado.

En el apartado de mociones y recomendaciones, el Consultivo apuesta por cambios en la normativa vial estatal que eliminen la actual responsabilidad patrimonial del conductor en aquellos accidentes de tráfico provocados por el atropello de especies cinegéticas, una problemática "especialmente sensible en una región como Castilla y León", a fin de que se vuelva a la situación anterior, en la que la responsabilidad recaía, en primer lugar, sobre el titular del terreno, y en segundo, sobre la administración titular de la carretera.

También se refiere la Memoria en este apartado a la responsabilidad sobre los daños producidos durante la celebración de festejos populares, una competencia local sobre la que el Consejo ha realizado "un trabajo muy completo".

TRIBUNAL DE RECURSOS CONTRACTUALES

Dentro de la Memoria de 2015 también se ha incluido la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, creado en 2012 y adscrito, sin coste alguno, al Consejo Consultivo. Así, el pasado año se revisaron 104 contratos con el servicio público que tenían una cuantía de 527 millones de euros. Los contratos son revisados en un plazo de 33 días desde su interposición, un plazo que también ha reseñado el presidente del órgano.

Desde el año 2012 hasta la actualidad, en el 50 por ciento de los contratos revisados se ha dado la razón parcial o totalmente a la empresa recurrente.

Durante el turno de intervenciones de los grupos, los distintos portavoces han ensalzado la "independencia" y "consenso" logrados en el Consejo, el cual no ha registrado ningún voto particular a sus resoluciones en 2015, si bien el portavoz adjunto de Ciudadanos, David Castaño, ha apostado por implantar un "régimen de concurso" para el acceso a este tipo de instituciones que las protejan de una posible "politización" y eviten "la perpetuidad en los cargos".

Por su parte, el procurador de Podemos Félix Díaz ha mostrado su preocupación, a tenor de los datos de la Memoria, por la situación de algunos servicios públicos, mientras que la socialista Gloria María Acevedo se ha remitido a la recomendación sobre la Ley de Tráfico para lamentar el "desamparo" que sufren los automovilistas.

Por último, el 'popular' Juan José Sanz Vitorio ha puesto de relieve "la normalidad" en el trabajo de esta institución y ha advertido a los partidarios de su supresión de que sus competencias en una comunidad como Castilla y León serían "inasumibles" para el Consejo de Estado.