VALLADOLID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha defendido el ejercicio de las entidades fiscalizadoras que deben ser "equidistantes, con independencia funcional y autonomía presupuestaria".
Esta ha sido una de las ideas fundamentales que ha expuesto este martes durante su participación en el Encuentro de Alto Nivel 'Control externo e independencia', organizado por el Tribunal de Cuentas en colaboración con la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Amilivia ha intervenido junto con el sindic major de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, Miquel Salazar, en el apartado sobre 'Las instituciones de control externo y la independencia: Retos actuales'.
El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León ha aseverado que para reafirmar su independencia las entidades fiscalizadoras autonómicas "deben ser instituciones propias de rango estatutario, con una regulación jurídica suficiente, posteriormente desarrollada mediante las leyes correspondientes, y con equidistancia institucional al no estar integradas en ninguna de las consejerías u otras entidades de las administraciones respectivas".
Estas instituciones, ha incidido, deben gozar de independencia funcional y autonomía orgánica, de gestión y presupuestaria al entender por independencia funcional que "nadie se debe entrometer en su labor técnica y que sean las propias entidades fiscalizadoras las que decidan qué y cómo se fiscaliza".
Con relación a ello, ha señalado que el Consejo de Cuentas de Castilla y León "es la única entidad de control externo que no aprueba su plan anual de fiscalizaciones, competencia que continúa residenciada en el Parlamento autonómico".
Independencia funcional de estas entidades fiscalizadoras autonómicas a la que, ha sostenido, debe sumarse su plena autonomía orgánica, sin perjuicio de su dependencia al respectivo parlamento.
REFORMAS NORMATIVAS NECESARIAS
En esta línea, ha señalado que el Consejo de Cuentas ha insistido en el presente mandato en la necesidad de abordar un conjunto de reformas normativas, tanto para reforzar la autonomía orgánica y funcional de la institución como para estimular la rendición de cuentas.
Con ello, se pretende además dotar al personal de un régimen coherente con su alta cualificación a fin de mantener el cumplimiento de su cometido estatutario con la plena garantía de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.
Por otro lado, al hilo del debate sobre duplicidad o gasto superfluo en el ámbito de estas entidades fiscalizadoras ha argumentado que se trata de una "errónea controversia" ya que, por ejemplo, en el caso de Castilla y León, al comparar los 20 años anteriores a la existencia del Consejo de Cuentas y los 20 posteriores se ha pasado de 45 a 320 auditorías, es decir, se ha fiscalizado siete veces más.
Por tanto, quienes mantienen que estas instituciones no son necesarias, ha asegurado, deberían asumir que su ausencia implicaría, en todo caso, una merma de control", ha concluido.