VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado el Decreto por el que se regula la intervención administrativa, la organización, el funcionamiento de los servicios y los centros destinados a menores infractores.
Esta norma recoge los derechos de los menores que cumplen medidas judiciales y las obligaciones de los profesionales que intervienen en este proceso. Además, regula las actuaciones de apoyo y seguimiento, una vez finalizado el cumplimiento de la medida ordenada por el juez, para facilitar la inserción social y laboral del menor.
Otro de los apartados que regula el Decreto es la organización administrativa de los servicios de atención a menores infractores, en la que se señalan las funciones que corresponden a los diferentes profesionales.
De esta forma, se establece una completa regulación de los centros específicos destinados a la ejecución de medidas, estableciendo su tipología, normas de funcionamiento, estructura organizativa, la necesidad de autorización e inscripción, su supervisión y control.
Así, distingue entre centros de internamiento -para el cumplimiento de medidas privativas de libertad- y centros de intervención educativa -destinados al cumplimiento de medidas de convivencia en grupo educativo-.
Por otro lado, el Decreto establece el marco para la cooperación, coordinación y colaboración de los diversos servicios de atención a menores infractores, con la administración de justicia, corporaciones locales, entidades privadas y públicas de otras comunidades autónomas para posibilitar el cumplimiento de las medidas en la comunidad de residencia del menor.