VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los representantes de CCOO, UGT y CSIF en el sector de la Función Pública han iniciado la negociación de la recuperación de la jornada laboral de las 35 horas, comprometida por la Junta a partir del 1 de junio, con "ánimo constructivo" y con la exigencia de recuperar la situación que tenían en 2012, cuando se "recortó" este derecho, y de conservar las mejoras que se han conseguido a lo largo de estos años.
Y según han explicado tras reunirse este miércoles con el director general de Función Pública, Francisco Raedo, en un primer contacto para la aplicación de las 35 horas, a diferencia del compromiso anunciado en 2019 por el Gobierno de Juan Vicente Herrera y que aún no se ha materializado, la medida se aprobará en esta ocasión a través de un decreto ley, una de las exigencias de los sindicatos para que la vuelta a las 35 horas "tenga todas las garantías posibles", en palabras del representante de UGT, Tomás Pérez Urueña, que ha admitido que en la anterior ocasión tendrían que haber sido "más listos".
De hecho, el director general de Función Pública ha presentado este miércoles a los sindicatos un borrador del decreto ley en el que han visto "alguna cosa que no está ajustada" en el acuerdo marco lo que firmaron hace cuatro años con el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera por lo que han asegurado que estarán "muy vigilantes" y serán "muy exigentes" para que la recuperación de las 35 horas se haga "sin trampas" y "sin sorpresas" sin que sea "una oportunidad electoral".
"Desde luego, tenemos una actitud constructiva para llegar a este fin --la recuperación de las 35 horas-- para que sea cuanto antes, pero que sea de manera real, adecuada y con seguridad jurídica", ha pedido en concreto el presidente de CSIF en Castilla y León, Benjamín Castro, quien, tras el primer contacto con la Junta, ha visto "pequeños flecos" como el olvido de las horas compensatorias en Educación o de la flexibilidad horaria para la conciliación de la vida familiar y laboral en la Administración General, donde se plantea que los sábados sean jornada ordinaria.
Por su parte, la responsable de Función Pública en CCOO, Ana Fernández, ha asegurado que los sindicatos van a negociar "hasta el último minuto" si bien ha descartado la posibilidad de llegar a un acuerdo "en el que todo valga por el simple hecho de tener las 35 horas" en el caso de que se pierdan otros derechos conseguidos estos años. "No tendría ningún sentido", ha reconocido la sindicalista que ha llamado a la Junta a respetar las mejoras conseguidas en el ámbito educativo o en materia de flexibilidad.
"Alguna de las cuestiones que ya nos están planteando no nos gustan, pero es cierto que se abre la negociación ahora en las distintas mesas y, por lo tanto nosotros vamos a intentar por todos los medios que la aplicación sea beneficiosa para todos y todas los empleados públicos", ha aseverado la representante de CCOO que ha insistido en que la aplicación de las 35 horas sea real y se traduzca en creación de empleo y en las correspondientes ratios en los distintos ámbitos. "Que no suponga que los empleados públicos tengan que trabajar más en menos tiempo", ha precisado por su parte Benjamín Castro.
"No es un derecho nuevo, es una devolución de un derecho que se nos quitó unilateralmente por parte del Gobierno. Nosotros queremos que vuelva como estaba", ha aclarado por su parte Pérez Urueña en el inicio del proceso negociador que continuará esta misma mañana en las tres mesas sectoriales para su aprobación de la medida el viernes en la Mesa General y luego en Consejo de Gobierno para su posterior publicación con el reto de conseguir un acuerdo "igual o mejor de lo que estaba antes, nunca por debajo".
En este punto, el representante de UGT ha pedido a la Junta que sea "generosa" y "compense de alguna manera" los doce años de pérdida de derechos.
