La Asociación Vecinal Todos Unidos sostiene el carácter "arbitrario" de las detenciones de Gamonal

BURGOS 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de la Asociación Vecinal Todos Unidos, Óscar de la Torre, Elvira Cámara y Óscar Caballero, han presentado este martes un informe con la documentación recopilada acerca de los disturbios acaecidos en enero en el barrio de Gamonal de la capital burgalesa, en el que se sostiene el carácter "arbitrario" de las detenciones en el populoso barrio.

Óscar de la Torre ha señalado que, tras numerosas reuniones con 38 de los 41 detenidos en las protestas del populoso barrio, se ha determinado un "perfil común" en todas las detenciones, "la mayoría a gente joven y de forma aleatoria y arbitraria".

Asimismo, ha condenado la violencia utilizada por los agentes en las detenciones y ha asegurado que algunos de los detenidos sufrieron reiterados golpes durante el proceso de detención e incluso durante las estancias en los furgones policiales.

"Toda la acción policial estuvo acompañada de numerosos actos de violencia y amenaza", ha aseverado De la Torre en declaraciones recogidas por Europa Press, antes de explicar que existen "muchos" testigos que confirman casos concretos de este tipo de actuaciones policiales.

El documento presentado también recoge que, en el menos tres casos, no se produjo la llamada desde la comisaría de Policía a la persona que el detenido asignó para informar acerca de su situación, así como que "muchos familiares" se encontraron con un trato "denigrante" cuando se acercaron a las dependencias para conocer la situación de sus allegados.

También, se destaca la "falta de concreción" que muestran algunos de los autos de instrucción redactados tras las detenciones y la "incapacidad" de los agentes para concretar las responsabilidades personales de cada uno de los procesados.

El informe pone de manifiesto además la existencia de "intentos de criminalizar" tanto a las personas detenidas, como a las que participaban en el movimiento social originado tras los disturbios de los primeros días, y cuestiona la actitud de las administraciones públicas ante lo acaecido, a las que acusa de emplear una "burda estrategia de criminalización e intimidación con el objetivo de desactivar la movilización".