El Ayuntamiento de Ávila restaurará la legalidad urbanística en un centenar de parcelas situadas a las afueras

Actualizado: viernes, 21 noviembre 2008 17:31

ÁVILA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un decreto de la Tenencia de Alcaldía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico el Ayuntamiento de Ávila inició la resolución del expediente de disciplina urbanística de restauración de la legalidad sobre determinadas actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en el paraje del término municipal de Ávila denominado 'Cruz de los Llanos', situado a las afueras de la ciudad.

Según publicó hoy el Boletín Oficial de la Provincia, se ejecuta así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, confirmada parcialmente por el Tribunal Supremo.

Las actuaciones urbanísticas ilegales llevadas a cabo por diversos propietarios se refieren a la segregación, cerramiento de parcelas con acceso independiente, construcción de casetas, piscinas, estanques y pérgolas en el paraje de la 'Cruz de los Llanos' y su entorno, y las infracciones hacen referencia a obras realizadas sin licencia, parcelación no autorizada y uso incompatible con el planeamiento.

El paraje se encuentra a unos dos kilómetros de la capital abulense, a la izquierda de la carretera Nacional 403 (Toledo-Valladolid), en la salida por el sur de la ciudad.

Las obras y actos de uso del suelo realizados "fueron debidamente comprobados en la correspondiente inspección municipal, considerándose incompatibles con la normativa urbanística por la Comisión de Gobierno en sesión celebrada el 2 de julio de 1993", y en el mismo sentido el Pleno Municipal dictó resolución con fecha 13 de diciembre de 1994.

Este acuerdo del pleno fue objeto de recursos contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y recayó sentencia con fecha 13 de marzo de 1998, la cual fue confirmada parcialmente por el Tribunal Supremo en sentencia de 20 de mayo de 2002, ordenándose entonces al Ayuntamiento la resolución definitiva del expediente conforme lo acordado por el pleno en 1994.

De este modo, con fecha 6 de agosto de 2003, la Tenencia de Alcaldía dictó la elevación a definitivo del citado acuerdo, que fue comunicado al Tribunal Superior, y mediante providencia del mismo de 17 de febrero de 2004 se consideró por el Tribunal que no constaba que se "haya dado el efectivo e inmediato cumplimiento a los puntos comprendidos en dicho acuerdo mediante el examen de las situaciones individualizadas de cada uno de los afectados, como exigen las sentencias dictadas y la estimación del recurso", razón por la cual se efectuó un nuevo requerimiento al Ayuntamiento tendente a la debida ejecución de la sentencia en cuestión.

Finalmente, mediante providencia de 30 de septiembre de 2008, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se requirió de nuevo al Ayuntamiento de Ávila para que procediera a la efectiva ejecución de la Sentencia dictada sobre el recurso anteriormente aludido.

El Ayuntamiento no reconoce "efectos de ninguna clase a los actos o contratos que impliquen la segregación o división de fincas y hayan sido realizadas con intervención de las partes interesadas sobre los terrenos referidos" y denegó la licencia de obras solicitada para la realización de cualquier acto de edificación, uso o instalación en la citada parcela.

Además, se ordena a las empresas correspondientes la suspensión de los servicios de suministros de agua, energía y telefonía en estos terrenos y ordenar, como medidas de restablecimiento de Orden Urbanístico, "la reposición de los bienes afectados a su estado primitivo, debiéndose demoler por los propios interesados las obras realizadas incompatibles con la ordenación vigente".

Tampoco se permite "ningún uso distinto al propio del suelo rústico" e "incoar expediente sancionador por la comisión de las infracciones urbanísticas consistente en realizar actos de parcelación y edificación sin la correspondiente licencia".

Finalmente se ha resuelto comunicar esta situación al Registro de la Propiedad y dar traslado a la Confederación Hidrográfica del Duero para que intervenga en el ámbito de sus competencias sobre las perforaciones y pozos existentes en la parcela.

"Una vez que sea firme la presente resolución se adoptarán las medidas necesarias tendentes a su cumplimiento y ejecución, y se establecen unos plazos legales para que los afectados puedan presentar recurso", informó el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.