El Ayuntamiento de Valladolid no multará hasta finales de 2023 por incumplir las restricciones de acceso a la ZBE

   VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este martes la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del centro de la ciudad, que recoge una "amplísima casuística" de exenciones y que entrará en vigor a lo largo del próximo año si bien la intención del equipo de Gobierno es no sancionar hasta el 31 de diciembre de 2023.

   El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este martes la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones del centro de la ciudad --con una superficie de 3,1 kilómetros cuadrados--, que recoge una "amplísima casuística" de exenciones y que entrará en vigor a lo largo del próximo año si bien la intención del equipo de Gobierno es no sancionar hasta el 31 de diciembre de 2023.

Así lo han explicado este martes el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y la concejal de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, que han presentado la ordenanza que se aprobará este miércoles en Junta de Gobierno y se llevará al Pleno municipal el próximo 13 de diciembre para aprobación inicial, lo que dará paso a un periodo de alegaciones de 30 días.

La ordenanza municipal se publica antes de que el Gobierno de España apruebe el Real Decreto sobre las Zonas de Bajas Emisiones, que como ha recordado Puente son obligatorias a partir de 2023 en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Eso sí, debido a que se anunció que el RD se publicaría "en otoño" y que por el momento no se ha conocido nada más allá que el borrador, el Ayuntamiento vallisoletano ha optado por iniciar el trámite para la ordenanza municipal.

Los primeros vehículos a los que afectará esta nueva normativa serán los que no pueden contar con etiqueta de emisiones de la DGT, es decir con motores diésel anteriores a 2006 y gasolina de antes de 2000, que según María Sánchez suponen un 17 por ciento de los matriculados en Valladolid.

Eso sí, la ordenanza establece una "amplísima casuística" de exenciones --para residentes empadronados dentro de la ZBE, vehículos con plaza de garaje, servicios públicos esenciales, 'carsharing', con tarjeta de personas con movilidad reducida (PMR), vehículos de mudanzas o servicios funerarios, grúas de rescate y vehículos de taller--.

Además, se establece una moratoria hasta el 1 de enero de 2030 para los vehículos titularidad de personas con ingresos anuales inferiores a 1,3 veces el IPREM, vehículos de empresa, autotaxis, servicios de urgencia en vía pública (agua, gas, electricidad), y carga y descarga de mercancías.

CON EL MODELO DE BARCELONA

La "novedad" en estas exenciones es la de incluirán la moratoria a las personas con ingresos bajos, una medida que se ha adoptado con el ejemplo de Barcelona, donde la ZBE funciona desde hace años y que tras la presentación de un recurso judicial se estableció que se debía tener en cuenta los ingresos de los titulares de los vehículos, ya que resulta costoso acceder ahora a vehículos no contaminantes.

Así, se ha fijado un máximo de ingresos anuales de 1,3 veces el IPREM anual (10.920 euros anuales en 2023), con incrementos por cada miembro adicional hasta un máximo del 2,1 (17.640 euros) y con solo un vehículo por unidad familiar.

También se permitirá el acceso a temporal para acudir a talleres mecánicos, para utilizar aparcamientos públicos dentro de la ZBE, para parkings de alojamientos privados o vinculados a ellos, para acceder a hospitales, citas médicas y clínicas veterinarias, o para participar en la organización de actos en la vía pública.

Todas estas exenciones deberán gestionarse de manera previa, posiblemente a través de una aplicación móvil que el Ayuntamiento prevé lanzar en los próximos meses.

Además, se da por descontado que pueden acceder a la ZBE las bicicletas y otros vehículos de movilidad urbana, los vehículos con distintivo ambiental 'Cero emisiones' o 'ECO', de uso compartido (car sharing), los destinados a personas con tarjeta de PMR, además de los vehículos que acrediten su pertenencia a servicios públicos esenciales.

En algunos casos, la idea del equipo de Gobierno es que los propietarios de vehículos no tengan que realizar la gestión, como en el caso de los aparcamientos públicos, en los que se establecerá un sistema para que la matrícula quede registrada y así no se emita sanción por acceder al área restringida. También se prevé que los propietarios de hoteles o talleres tengan que acceder a la base de datos para informar de las matrículas de sus clientes.

En el caso de los usuarios de garajes podrán acogerse a la exención tanto quienes tengan la plaza en propiedad como en alquiler, si bien María Sánchez ha apuntado que en ese caso "evidentemente" debería estar "regularizada por contrato".

Como han recordado Puente y Sánchez, el Plan de Mejora de Calidad del Aire aprobado en el Pleno del Ayuntamiento, preveía ya la creación de esta ZBE, que inicialmente era más reducida (1,6 kilómetros cuadrados de superficie), pero que como se comunicó hace meses se extendió a un total de 3,1 kilómetros cuadrados.

El perímetro de la misma estará delimitado por el puente Mayor, calle Juana de Castilla, Arzobispo José Delicado, paseo del Hospital Militar, Arco de Ladrillo hasta el cruce con el paseo de Farnesio, Santa Fe, Paseo Farnesio, avenida de Segovia, túnel de Labradores, calle de la Vía, Unión, Nicasio Pérez, plaza de San Juan, Huelgas, Real De Burgos, Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás y Puente Mayor.

Por estas vías sí que estará permitido circular y será en las que se ubiquen las cámaras para controlar los accesos a otras calles que están ya dentro de la ZBE.

Cuando se ponga en funcionamiento el sistema, previsiblemente en el último trimestre de 2023, todavía no se comenzará a sancionar ya que la intención del equipo de Gobierno es dar un tiempo para que los ciudadanos se habitúen a la nueva situación. Las multas se pondrían a partir del 31 de diciembre del año próximo a los vehículos sin etiqueta ambiental que accedan a la ZBE sin estar sujetos a alguna de las exenciones, permisos o moratorias.

Los siguientes hitos serán el 1 de enero de 2025, cuando la restricción pasará a afectar también a vehículos que actualmente tienen la etiqueta B de la DGT: diésel anteriores a 2014 y gasolina de antes de 2006.

Finalmente, a partir del 1 de enero de 2030 la prohibición se extenderá también a los que tienen la etiqueta C, es decir a todos salvo los que cuenten con la 'Cero emisiones' o 'ECO', incluidos ya los beneficiados por la moratoria para servicios públicos, autotaxi, transporte colectivo, carga y descarga, vehículos de empresa y también para las personas con rentas bajas.