Manuel Sánchez reconoce que seis de los conductores afectados por el bolardo de la Plaza Mayor han presentado reclamaciones
VALLADOLID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Valladolid han apoyado en el Pleno municipal de este martes una moción para instar a Renfe Operadora a revisar su política de precios en los servicios de lanzaderas Avant y a establecer una nueva frecuencia de regreso de Madrid entre las 18.00 y las 19.00 horas.
En la sesión plenaria correspondiente al mes de octubre se han debatido además las modificaciones de las ordenanzas fiscales para el año 2013, que incluyen la creación de una nueva tasa de recogida de basuras y en cuyo debate se han rechazado todas las enmiendas que defendían los grupos de la oposición --PSOE e Izquierda Unida--.
Después de rechazar cinco mociones de la oposición, el Grupo Popular planteaba una propuesta para reclamar cambios en la política de precios de los servicios Avant y para el establecimiento de una frecuencia más de regreso Madrid-Valladolid entre las 18.00 y las 19.00 horas, que fue respaldada tanto por el Grupo Socialista como por Izquierda Unida.
La moción llega tras escuchar a la Asociación de Usuarios AVE de Valladolid, que reclaman específicamente una mayor flexibilidad en los bonos de viajes, así como un nuevo servicio que permita regresar de Madrid con más opciones, pues actualmente, entre las 17.20 y las 19.45 horas no existe una frecuencia.
En cuanto a los precios, se pide una revisión ante la subida "exponencial, muy superior al IPC", y una mejora de las condiciones de disfrute de los bonos, como la reducción del número mínimo de trayectos y la ampliación del período de utilización.
A este respecto, el presidente del Grupo Socialista, Óscar Puente, ha lamentado que "cada vez más gente" tiene que ir a trabajar a Madrid ante las dificultades para encontrar un empleo apropiado en Valladolid, al tiempo que ha considerado "positivo" que exista un acuerdo plenario para que la reclamación tenga "mayor fuerza".
El portavoz de IU, Manuel Saravia, ha apuntado que le gustaría que el equipo de Gobierno mostrara en sus acciones "la misma flexibilidad" que la que reclama a ministerios como el de Fomento en asuntos de este tipo. También ha alertado de los "riesgos" que puede tener para los servicios ferroviarios la previsible "desmembración de Renfe".
De las cinco mociones que presentaban los grupos de la moción, todas rechazadas con los votos del Grupo Popular, dos de ellas coincidían su temática en la reclamación de que se compensen de alguna manera los recortes en la ayuda a domicilio. La concejal de Bienestar Social, Rosa Isabel Hernández, ha matizado, ante el cálculo del PSOE de que se reducirá en un 40% el número de horas de atención a domicilio, que la "tónica general" será del 20%.
El concejal de IU Alfredo Bustos ha reprochado que, en definitiva, el problema reside en que las prioridades de gastos están "en otras cosas", como la Cúpula del Milenio o la restauración de la pajarera del Campo Grande, mientras que la edil socialista Rafaela Romero ha apuntado que el interés del equipo de Gobierno puede residir en favorecer a empresas privadas ya que los familiares que no puedan optar al servicio municipal recurran a la 'ayuda vinculada' de la Junta de Castilla y León.
Pero el motivo principal del recorte en la ayuda a domicilio, ha detallado Hernández, es la modificación de la Ley estatal regula estas prestaciones que obliga a adaptar el número de horas de atención al mínimo de los tramos.
En el orden del día se incluyó asimismo una propuesta del Grupo Socialista para la retirada del bolardo automático que regula el acceso de los vehículos al aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor y que, según datos del Grupo Socialista, ha dañado a 31 vehículos al elevarse cuando éstos pasaban por encima. De hecho, el concejal de Seguridad y Movilidad, Manuel Sánchez, ha reconocido que seis de ellos han presentado ya reclamaciones de responsabilidad patrimonial.
El edil 'popular' ha añadido los datos que se han obtenido desde la instalación de una cámara con el dispositivo foto-rojo hace seis meses en el semáforo situado en la esquina de las calles Cebadería y Manzana, durante los cuales se ha registrado el paso de más de 200.000 vehículos, de los cuales 1.376 se lo han saltado en rojo, y cinco de ellos han recibido el impacto del bolardo, por lo que ha incidido en el mínimo porcentaje de incidencias.
LA "FIGURA FÁLICA" DEL BOLARDO
Posteriormente, en la rueda de prensa que suele ofrecer el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, ha evidenciado que si finalmente se tuviera que optar por retirar el dispositivo, el Ayuntamiento comenzaría a multar a los turismos que se salten el semáforo, por lo que ha aseverado que en estos seis meses ha "regalado" más de 200.000 euros.
En un debate no exento de humor, el portavoz de IU, Manuel Saravia, ha recordado una nota de prensa enviada el día de los Santos Inocentes de 2011 en la que proponía la instalación de un segundo bolardo para "enganchar a los que escapen del primero". Mientras tanto, Óscar Puente ha sugerido que el dispositivo puede representar una "figura fálica sin testículos" o un "dedo corazón elevado" como el que "enseña el alcalde a todos los ciudadanos con sus políticas".
De hecho, León de la Riva realizó su única intervención particular en el Pleno para afear la "desnortada en términos cerebrales" alocución del edil socialista y se ha mostrado comprensivo con las "tensiones que vive en su entorno", en referencia al debate sobre quién debería ser el candidato del PSOE a la Alcaldía en 2015.
Las otras dos mociones rechazadas han sido la que el PSOE proponía favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los empleados públicos para flexibilizar los horarios tras la última ampliación de jornada; y la de Izquierda Unida para paralizar las modificaciones de los reglamentos de consejos municipales debido a la reducción del número de asociaciones participantes y a la excesiva simplificación de los reglamentos.
ORDENANZAS FISCALES
El Pleno de octubre ha vuelto a ser escenario del debate sobre la modificación de las tasas y tributos para, cuando se congelarán los impuestos municipales y se aplicará a las tasas un incremento del 2,7% de media vinculado al dato del IPC de agosto, a excepción de la ORA, que aumenta hasta el 5%.
En este debate, tanto el socialista Pedro Herrero como María Sánchez, de Izquierda Unida, han vuelto ha mostrar la oposición al cobro de la nueva tasa de recogida de basuras, pues consideran que está incluida en el Impuesto de Bienes Inmuebles desde "hace 29 años".
En este sentido, el concejal de Hacienda y Función Pública, Alfredo Blanco, ha apuntado que con este nuevo mecanismo se recaudarán "unos 10 millones" con los que se cubrirá en torno al 90% del coste de la recogida de residuos, y no se utilizará "nada" para financiar otros servicios vinculados como el tratamiento de residuos, los gastos de material o los puntos limpios.
La edil de Izquierda Unida ha defendido enmiendas como el tipo de gravamen del 30% para las viviendas que se declaren como vacías en un censo, o el cobro de utilización de vía pública para los cajeros bancarios. "Hay muchas vías para que pague más el que más tiene, pero ustedes no se molestan en explorarlas", ha censurado.
En aspectos de Urbanismo se ha aprobado con el apoyo de IU, "para que salga a información pública" y se puedan presentar alegaciones, la modificación del PGOU en el Colegio de las Jesuitinas y su manzana, en la que se espera la creación de un hotel, según fuentes del equipo de Gobierno.
Igualmente, se ha dado el visto bueno a otra modificación puntual en el edificio de Iberdrola situado en Isabel la Católica, que actualmente es propiedad de una entidad bancaria que, según la edil Cristina Vidal, "tiene mucho interés en sacar adelante el proyecto".
